El cabildeo que ha promovido el Gobierno de El Salvador en los Estados Unidos no parece cambiar la posición de las autoridades de aquella nación, en lo que se refiere a la continuidad del apoyo militar, informó este martes Associated Press (AP).
Avalado por el Congreso estadounidense, e incluida en el proyecto de ley de gastos generales firmado el domingo por el presidente Donald Trump había una disposición que prohibía el acceso de El Salvador, así como de los vecinos Guatemala y Honduras, a un programa del Departamento de Estado que financia la compra de equipo de defensa estadounidense.
La nueva regulación fue promovida desde un principio por los demócratas, la cual fue llevada a la Cámara de Representantes con la intención de fortalecer los “esfuerzos anticorrupción en Centroamérica”, esto también a una respuesta ante el socavamiento del Estado de Derecho, según lo indicó uno de sus representantes, el congresista Elliot Engel.
Si bien es cierto, el Pentágono no disminuirá el apoyo a los países del Triángulo Norte en la lucha contra el tráfico de drogas, sí representa una estocada simbólica para aquellos países que intentan mostrar avances al cumplimiento de la ley y estabilidad política, señaló Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina.
“Básicamente, coloca a estos países en el mismo nivel que las dictaduras y los estados fallidos”, dijo Isacson, un experto en gastos de defensa. «Solo unos pocos países no son elegibles para este programa», remarcó el funcionario.
Israel, Egipto y más de una docena de otros países reciben anualmente alrededor de $ 5.6 mil millones a través del llamado programa de Financiamiento Militar Extranjero para financiar la compra de equipos y servicios militares estadounidenses. El Salvador ha recibido alrededor de $ 15 millones a través del programa desde 2016, incluidos $ 1,9 millones este año. Honduras y Guatemala recibieron dichos fondos por última vez en 2018.
Milena Mayorga, quien este mes se convirtió en embajadora de El Salvador en Washington, dijo que estaba sorprendida por la reducción, que dijo va en contra de décadas de estrecha cooperación militar entre los dos países. El Salvador fue una de las pocas naciones latinoamericanas que se unió a la coalición liderada por Estados Unidos que invadió Irak en 2003 y el aeropuerto internacional del país es uno de los dos únicos en América Latina utilizados por el ejército estadounidense para llevar a cabo misiones antinarcóticos en la región.
“Es de vital importancia que se reconsidere esta decisión”, dijo Mayorga en una entrevista con The Associated Press. “Nuestro ejército siempre necesitará tener ciertas herramientas para combatir la inseguridad”.
Aunque la gestión Bukele ha sido reconocida por la reducción de homicidios, que tuvo la estadística más alta del mundo, desde la administración del efemelenista Salvador Sánchez Cerén; en Washington, el bloque demócrata ha señalado que el mandatario salvadoreño ha transgredido el orden jurídico, desde que militares de divisiones tácticas ingresaron a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, con motivo de aprobar un préstamo para seguridad.
Ante esto, Mayorga dijo en AP que ARENA, FMLN, y los partidos tradicionales, llevan a cabo una agenda para bloquear el trabajo de la actual administración, al punto de retratar a Bukele como un “autócrata”. La funcionaria contrastó que Bukele ha promovido desde el inicio del mandato la lucha contra la corrupción, y señal de ello, es la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), a cargo de la Organización de Estados Americanos.
“En este momento es cuando más necesitamos el apoyo de los Estados Unidos”, subrayó Mayorga.
De acuerdo con reportes periodísticos, El Salvador contrató, en el mes de agosto, una casa de lobby para mejorar la posición internacional en Washington, ante un virtual cambio en la silla presidencial.
Las nuevas limitaciones del apoyo extranjero, fue llevada a la Cámara, por la demócrata de origen centroamericano, Norma Torres. Esta fue aprobada por mayoría en el Senado, y se incluyó en el proyecto de ley de gastos federales enviado este mes al Presidente saliente Donald J. Trump, quien lo firmó y puso en funcionamiento desde el 27 de diciembre.
En esta ley, incluye sanciones específicas a funcionarios de Gobierno, de Honduras, Guatemala y El Salvador, que han cometido actos irregulares y de corrupción.
El Presidente deberá elaborar –en los próximos 180 días- un listado público de personas corruptas en el Triángulo Norte, incluyendo políticos. Y en respuesta se le negará la entrada a los Estados Unidos.
El presidente electo Joe Biden, quien asume el cargo el 20 de enero próximo, ha convertido a Centroamérica en una de sus prioridades de política exterior en el hemisferio occidental y no está claro si aceptará la decisión de reducir la ayuda militar al Triángulo Norte.
