Organizaciones exigen al Arzobispado abrir archivos de El Mozote

Organizaciones sociales y de víctimas del conflicto armado, pidieron a la Iglesia Católica, dar apertura a los archivos requeridos por el Juzgado de Instrucción del municipio de San Francisco Gotera, Morazán, en la causa de la Masacre de El Mozote y Sitios Aledaños, ocurrida en 1981.

El juez del proceso, Jorge Guzmán ordenó al Arzobispado de San Salvador, institución que regentó la extinta oficina de Tutela Legal, abrir los documentos; sin embargo, el jerarca de la sede episcopal, José Luis Escobar Alas indicó el domingo 17 de enero pasado, que no dará paso a la orden judicial.

El clérigo se defendió con una resolución de amparo (828-2013 y 883-2013) emitida en 2016 a favor de la Iglesia por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual estableció que el acceso a los archivos sólo estaría supeditado con la decisión expresa de la víctima del conflicto armado.

“El archivo en custodia sólo se le da a la víctima. La iglesia es madre y cuida de todos y eso nos manda la Corte (…) sentimos mucho de que alguien quiera invadir los archivos y que quiera llevarse la información que él quiera llevarse. No puede ser (…) tenemos la obligación de no vulnerar su seguridad a las víctimas…”, agregó el religioso.

En este contexto, el Director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), condenó la decisión y comparó la negativa del Arzobispo, con la del Gobierno que frenó las inspecciones que el Juez había ordenado en las sedes militares que contienen información del operativo que les arrebató la vida a 889 salvadoreños de El Mozote.

 “Hay un marco jurídico que lo obliga a proporcionar esa colaboración, no hay elementos, para que él pueda desistir de colaborar con la justicia. El mismo martirio de Monseñor Romero representa eso, del compromiso de la Iglesia con los pobres y las víctimas (…) ese argumento es similar al argumento que utilizó el Presidente de la República, para oponerse a abrir los archivos, los procedimientos en este tipo de casos llevan un orden, no se utilizaría planes militares. No es cierto que se va a llegar y se obtendrá toda la información”, comparó.

Para el jurista la sede católica estaría “alejándose” del papel de acompañamiento a las causas sociales.

Eduardo García de la Asociación Pro-Búsqueda, cuestionó las declaraciones de Escobar Alas, y señaló que es un paso atrás en su labor como acompañante de las víctimas.

“El Arzobispo tiene la obligación de salvaguardar la identidad y la seguridad de las víctimas que confiaron en el Arzobispado para entregar esas denuncias, pero también tiene la obligación, por el carácter, importancia y conmoción que causaron esas agresiones, de que la sociedad, conozca lo ocurrido. El derecho de acceso a la verdad, lo mandató la Sala. El Arzobispo debe ponderar cómo salvaguarda a las víctimas sin mutilar la verdad”, profundizó.

Ambos activistas señalaron que si bien la Sala resolvió a favor de la Iglesia, que le solicitó no declarar bien Cultural los archivos, para salvaguardar la identidad de las víctimas denunciantes. La misma resolución, indica que la Iglesia debe elaborar un inventario con documentos que integran los archivos; y prestar su colaboración a las instituciones estatales “Ministerio Público, Órgano Judicial, ETC. Organizaciones no gubernamentales que conforme el ordenamiento jurídico de El Salvador, se encuentren debidamente legitimadas para procurar el esclarecimiento de casos de posibles violaciones a derechos fundamentales”.

En documento judicial, también establece que las víctimas del conflicto pueden solicitarle al Arzobispado la devolución de toda la documentación relacionada a su causa.

El 25 de enero, el Juez Guzmán convocó a una nueva inspección de los archivos en poder del Centro de Documentación Monseñor Arturo Rivera y Damas, de la Arquidiócesis de San Salvador.

Artículos relacionadosMás del autor