La Fiscalía General de la República (FGR) informó que de los avisos que interpone el Ministerio de Hacienda por presunta evasión fiscal, un 66% no concluyen el proceso administrativo que mandata el artículo 251 A del Código Penal, por lo que han tenido que ser archivados o puestos en espera.
Según el jefe de la dirección de Defensa de Intereses del Estado, David Acosta, parte de los presuntos evasores han presentado recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional, pues no se ha completado el proceso administrativo, por lo que se ha ordenado a la Fiscalía como medidas cautelares o definitivas la detención de la investigación penal.
Referido artículo del Código Penal señala el modo de proceder en los casos delictivos de defraudación al fisco, pues establece que se procederá cuando hubiesen concluido las diligencias administrativas como proceso de cobro y que no existieran recursos pendientes sobre estas.
Las declaraciones se dieron en la rendición de cuentas de la semana pasada por esta dirección de la Fiscalía.
#ResultadosFGR2020 | "Alrededor de un 70 % de los casos que @HaciendaSV presenta por presunta evasión fiscal no han agotado procedimientos administrativos requeridos antes de remitirlos a sedes fiscales." Director de los Intereses del Estado de la @FGR_SV.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 12, 2021
Por su parte, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expuso que la FGR no lo ha comunicado a la administración y que debe ser necesaria la colaboración.
«No es que critiquen mi trabajo, pero sí por el esfuerzo de todos los trabajadores de la sección de la dirección de impuestos internos que valientemente van y enfrentan a los evasores, que hacen los procedimientos a pesar de que tienen amenazas, de que nos persiguen, de que se les han iniciado juicios en la fiscalía», dijo a la prensa.
Asimismo, destacó que se ha procedido a los avisos debido a que son indicios de delitos por lo que el mismo artículo en discusión expone que se comunicará a la Fiscalía.
«No vamos a agotar la fase administrativa, eso sería quitar por procedimiento la facultad de prejudicialidad a la Dirección General de Impuesto Internos (DGII) y a la fiscalía le corresponde investigar los indicios que así lo ameritan», aseveró.
