Asamblea publica Ley para atender Pandemia y entra en vigencia tras vencer plazo que tenía el Presidente

Luego que pasó el plazo que concede la Constitución de la República al Presidente para sancionar y publicar una ley que fue ordenada como legal por la Sala de lo Constitucional luego de una controversia, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, mandó a publicar la Ley para atender la pandemia de COVID-19 y comienza a entrar en vigencia.

Referida normativa fue emitida por el Congreso el pasado 29 de octubre, pero fue vetada por el Presidente Nayib Bukele por considerarla inconstitucional; el veto se superó pasó al conocimiento de la Sala que, por su parte, desestimó los argumentos del mandatario.

El pasado 23 de diciembre se conoció la sentencia.

Por lo que el Presidente contó con ocho días hábiles siguientes al de recibir esta notificación para sancionar el decreto que comenzó a transcurrir desde el 4 de enero de 2021, ya que la notificación fue en la entrada de vacaciones de fin de año.

No obstante, no lo lo hizo y según la Carta Magna se da por aprobada por el silencio administrativo.

Bukele también solicitó una revocatoria a la decisión del Máximo Tribunal para que no entrara en vigencia la ley; no obstante, los magistrados señalaron que no había fundamento.

La Sala recordó que el mandatario tenía hasta el 22 de enero para mandarla a publicar y que comenzara a aplicarse, por los 15 días que otorga la Constitución.

Pasado este viernes y referida fecha, no se publicó, por lo que le corresponde al Presidente del Parlamento, Mario Ponce, proceder a hacerlo.

¿Qué contiene la ley?

Información oficiosa

Todos los expedientes de procesos de adquisición, bienes, obras y servicios, fondos destinados a la pandemia, el plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia y los resultados obtenidos de cada zona sujeta a control sanitario.

Añadieron que el incumplimiento de esta medida amerita una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento a los funcionarios involucrados, que será impuesta por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Además, los legisladores detallaron que los titulares de las distintas Secretarías de Estado y presidentes de instituciones autónomas deberán presentar cada mes a la Asamblea Legislativa un informe detallado y sistematizado de la ejecución de los fondos utilizados durante todo el periodo de la pandemia con las órdenes de compra o contratos suscritos, dicho informe será remitido a la Comisión respectiva.

Cercos sanitarios deberán informarse a alcaldías y abarcarán un kilómetro

El Ministerio de Salud deberá elaborar un plan de prevención, protección y respuesta, mismo del que será responsable.

Asimismo, da la posibilidad que se establezcan cercos sanitarios o «zonas epidemiológicas», las cuales solo podrán ser motivadas por un incremento de un 10% de casos positivos en la localidad, solo abarcará un perímetro de un kilómetro y una duración de 72 horas máximo.

Además, Salud tendrá que comunicar la instalación del cerco en 24 horas a los concejos municipales respectivos; las zonas epidemiológicas deberán contener la identificación del Ministerio de Salud que emite la resolución, identificación de la porción a intervenir, los motivos que fundamentan la declaratoria, identificación de medidas sanitarias a implementar y resolución motivada que ordena se deberá publicar en el sitio web o medios de la cartera de Estado.

No contempla cuarentenas generalizadas ni restricción de derechos 

Las cuarentenas solo se contemplan para las personas contagiadas de COVID-19 o que hayan estado expuestos al virus, pero no podrá decretarse de manera generalizada.

También señala que no se podrá suspender ningún derecho constitucional como la libertad de circulación de forma y tampoco se permitirá el uso coercitivo de la Fuerza Armada.

Los trabajadores que sean sometidos a cuarentena no podrán se despedidos, sancionados ni sujetos a descuentos en sus centros de trabajo y se aplicará el subsidio por incapacidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Tampoco se permitirá el cierre de centros de trabajo sin el debido proceso legal.