Presidente de la Asamblea confirma que existen impulsos con organismos para una «nueva CICIES» dependiente de la ONU

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, confirmó que existen conversaciones e impulsos con organismos para implementar una nueva comisión contra la corrupción en El Salvador, pero que dependa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esto luego que, como parte del plan que presentó el ahora Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hable de fortalecer la seguridad y luchar contra la «corrupción endémica» del Triángulo Norte en Centroamérica.

Según el «Plan para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica» que expuso el mandatario estadounidense establece una ayuda de $4 mil millones para la región.

Dentro de sus aristas, se prevé un apoyo a los mecanismos anticorrupción existentes, «mientras se trabaja con aliados para crear una comisión regional, con el fin de combatir la corrupción, construir instituciones nacionales más sólidas y ayudar a los fiscales locales a perseguir la corrupción».

Según Biden, se contaría con el apoyo de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, «que ya tienen en marcha esfuerzos contra la corrupción».

Por su parte, el diputado Ponce manifestó en una conferencia de prensa este lunes que «esta Asamblea nunca ha estado incomunicada con ningún congreso, menos con el de Estados Unidos, estamos siendo vigilados, en el debilitamiento del sistema democrático, debilitamiento de la institucionalidad […] Hay un impulso de una medida, pero una CICIES que dependa de la ONU».

En El Salvador se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en 2019 mediante un acuerdo entre el Estado y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

No obstante, la CICIES trabaja con el Ejecutivo según el acuerdo y puede suscribir cooperación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre las obligaciones atribuidas, debe acompañar y ayudar a la fiscalía en sus investigaciones cuando se le requiera; también trasladar a la FGR toda la información o documentación relacionada con actos de corrupción y notificar a las autoridades las presuntas faltas administrativas cometidas por funcionarios, empleados y autoridades públicas.

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