La empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) presentó ayer un recurso de nulidad contra la Cámara Ambiental de San Salvador, que le ordenó continuar recibiendo camiones con basura provenientes de la Alcaldía capitalina.
El representante legal de MIDES, Carlos Miranda, explicó este martes, que los Magistrados pudieron incurrir en el delito de prevaricato al emitir una sentencia que viola estatutos jurídicos, pues los obliga a prestar un servicio pese a que la comuna adeuda $5.4 millones en concepto de disposición final de desechos sólidos, desde febrero del 2018.
Los magistrados serán también denunciados en la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El tribunal, emitió una medida cautelar, de seis meses de duración, que consiste en seguir recibiendo la basura, “permitir el acceso a las instalaciones del relleno sanitario, de los camiones y góndolas de San Salvador”, y “abstenerse de toda acción que provoque entorpecimiento, retardo injustificado o imposibiliten el desarrollo normal de las actividades”.
Miranda señaló que existe un agravante con el hecho de que la municipalidad aprobó en 2018, una partida presupuestaria para financiar los traslados; la misma proviene, de un impuesto que se cobra a los capitalinos.
“Ese impuesto se cobra del recibo de la energía eléctrica, donde se establece una tasa única y exclusiva a disposición final (…) en 2018 la Corte de Cuentas hizo una auditoría y estableció que la municipalidad recolectó $16 millones, es decir, (la Alcaldía) contaba con los fondos, recolectados de los capitalinos y no se ha pagado”, aseveró Miranda.
“Nada dicen (la Cámara) de la responsabilidad que tiene la administración de San Salvador, ellos tienen una deuda, únicamente fue la Cámara Ambiental, que, en la audiencia de segunda instancia, solicitó que la Alcaldía tomara en serio la deuda que tiene”, añadió.
La resolución, según Miranda “fue apresurada”, ya que la Cámara no constató que no existió bloqueo del relleno sanitario de Nejapa, tal y como lo denunció el viernes 19 de febrero, el edil Ernesto Muyshondt.
Esto según Miranda, no fue corroborado para fundamentar la medida cautelar, “se queda siempre con lo que le manifiesta la dirección municipal, así de parcializado es la resolución y pedimos que se investigue el delito de prevaricato, y a la investigación judicial, porque no existe justificación, racionalidad, y proporcionalidad de las medidas, ya que le afecta a una empresa, básicamente parece que la Cámara quiere hacer quebrar a MIDES”.
MIDES ya no tiene relación contractual con San Salvador, desde el 1 de febrero de 2020.
A partir del 1 de mayo del 2020, es otra compañía la que está disponiendo de los desechos sólidos, pero recarga parte de las labores a MIDES.
Según los administradores, San Salvador implica el 70% de operaciones de MIDES.
