La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo este jueves en horas de la mañana, una audiencia de seguimiento de la sentencia emitida en el 2012 donde estableció que el Estado salvadoreño debía investigar los hechos en la Masacre de El Mozote.
La audiencia del proceso «Caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador» se realizó luego que organizaciones de derechos humanos pidieran a la Corte que aplicara medidas cautelares contra el Estado por la presunta obstaculización a la justicia y posible acciones para encubrir a autores de la masacre.
De la diligencia participaron como representantes del Estado, dos abogados de la Presidencia de la República, el juez que conoce el proceso penal en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, y la representante de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional.
En la representación de las víctimas participó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar; tres representantes de organizaciones como la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.
Además de los jueces de la Corte, Eduardo Ferrer, Eugenio Raúl Zaffaroni y Humberto Sierra.
Negativa de inspección de archivos militares
Entre los alegatos de la representación de las víctimas, se resaltó los obstáculos que ha enfrentado la causa a partir de la sentencia en 2012 y la reapertura del caso en 2026, tales como la negativa en las investigaciones e inspecciones a la Fuerza Armada.
«Estamos aquí por la negativa de inspección a archivos en la Fuerza Armada, por el Presidente de la República (Nayib Bukele) como comandante de la Fuerza Armada», indicó una de las abogadas de Tutela Legal.
Según la organización, hubo desacato a órdenes judiciales para referida inspección que pretendía encontrar informes de operaciones y planes militares tras la declaración en 2018 de dos militares de alto rango imputados en el caso, quienes aseveraron que habían documentos que no se habían puesto a disposición del juzgado y estaban en poder del Estado Mayor.
Asimismo, destacaron que ante la obstrucción de las inspecciones, el juez Guzmán solicitó el 4 de noviembre de 2020 a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar si esto era constitutivo de delito; no obstante, a cuatro meses, no se ha notificado sobre diligencia alguna.
El Estado tampoco habría brindado el listado de documentos que se encuentran en las brigadas a las que se pretendía inspeccionar para alegar que es por motivos de seguridad nacional y además, bajo declaraciones del Presidente Bukele, que los documentos habrían sido escondidos, trasladados o destruidos en los años previos.
«Es urgente que la corte establezca guías claras para dar cumplimiento a la obligación», solicitaron a la Corte IDH.
Por su parte, la representación del Estado, el abogado José Ángel Pérez, asesor jurídico de la Presidencia, señaló que se entregaron 3,400 folios de información de archivos militares y el pasado 16 de febrero se envió un inventario de información; agregaron que la negativa en apertura de archivos corresponde a la normativa de protección y seguridad nacional.
El juez de la Corte, Humberto Sierra, cuestionó al abogado que si se han entregado, cuáles no pueden llevarse al juzgado.
«Hay normativa interna, no ignoramos precedentes de la Corte», respondió Pérez.
El juez del caso, Jorge Guzmán, refutó que «La información no es elemental, en términos cuantitativos, sí hay folios, pero en lo cualitativo no hay indicios que favorezcan al caso. En los casos donde hay información medular, se dice que no existe. La que se pretendía localizar de planes militares, que es medular, es lo que se ha negado, se programó la inspección porque se negó la existencia, hay pruebas que contradicen la aseveración. En lo cuantitativo hay gran información, pero en cualitativo no es esencial, no es sustancial, falta lo medular, los planes militares que se dijo que sí existían».
Conforme a las declaraciones brindadas, la Corte evaluará adoptar medidas.
