Miembros de la organización Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, se pronunciaron frente a Catedral Metropolitana de San Salvador, sobre los avances y retrocesos en materia judicial en las investigaciones de la muerte de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, a casi 41 años del hecho.
El abogado de la organización, Alejandro Díaz, aseguró que existe poco interés por parte de la Asamblea Legislativa para emitir una ley que permita ahondar investigaciones, otorgar penas a los responsables de las masacres del Conflicto Armado y la reparación a las víctimas; también subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no recaba la información para las acusaciones judiciales.
«Hasta el momento no hay registro de personas que fueron financistas del asesinato pertenecientes a familias pudientes de la época, a la Fiscalía no le ha interesado investigar y recabar la abundante información sobre el caso tanto en el país como en el exterior», aseveró Díaz.
Además, la organización cuestionó que uno de los señalados como autores intelectuales del asesinato de Monseñor Romero sea homenajeado, haciendo referencia a Roberto D’Aubuisson, fundador del partido ARENA.
«Es una vergüenza tener un santo, un mártir en el país y que aún no se tenga justicia por su asesinato», destacaron.
Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, considerado como el asesinato que estalló la Guerra Civil en el país, pues era “la voz de los sin voz” ante los abusos del poder contra la clase baja.
Este lunes, Tutela Legal indicó que el país estaría en desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que instó a investigar los asesinatos y masacres del pasado conflicto armado.
«Desde hace varios años El Salvador está en desacato sobre las medidas que debe implementar en este y otros casos de graves violaciones a los Derechos Humanos (…) A 41 años del asesinato aún se siguen obstaculizando los esfuerzos por conocer la verdad como por ejemplo no querer entregar información sobre la Comisión que investigó el caso para incorporarlo al proceso judicial», añadieron.
