Por: Redacción
Este 22 de abril, Día de la Madre Tierra, entrará en vigor el Acuerdo de Escazú, una iniciativa regional que busca el acceso a la información, participación ciudadana y mecanismos de atención en demandas medioambientales en tribunales de justicia.
Sin embargo, pese a que El Salvador fue uno de los países que adoptó el compromiso del Acuerdo, llamado formalmente “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina”, no se suscribió a la fase de ratificación.
El Presidente Nayib Bukele, dijo en septiembre del 2020, que no se iban a incorporar al Acuerdo porque habían “aspectos que tenían que revisarse”, como algunas cláusulas del mismos que “no entran con la realidad que vive el país”.
“Nosotros como El Salvador quisiéramos hacer modificaciones a dos artículos específicos del Acuerdo de Escazú (…) lo firmaríamos si se hiciera esos cambios, que parecerían de forma pero son importantes para garantizar que se cuide el medio ambiente (…) nosotros no podemos dejar de construir vivienda, por ejemplo, hay más de medio millón de déficit de casas que necesitamos”, explicó el mandatario en aquella intervención.
Sin embargo, para organizaciones que velan por los derechos del medio ambiente, la no suscripción del Acuerdo implica dejar en vulneración a los defensores medioambientales y pone al mal en un escenario negativo internacionalmente. Además, se incumple el principio 10 de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo y en consecuencia, significa un retroceso en el cumplimiento de la Agenda 2030.
César Artiga, del Equipo Impulsor de dicho acuerdo pidió a Bukele reconsiderar su decisión, “consideramos que hay un mensaje negativo al mundo que el país no está comprometido con el cumplimiento de las normativas ambientales”, dijo.
“Es necesario que el ciudadano presidente reconsidere su posición, hemos hecho reiterados llamados al diálogo para clarificar las dudas que tenga la Presidencia”, indicó el ambientalista.
Adela Bonilla de la Mesa por la Soberanía Alimentaria aseguró que el país perdería la oportunidad de crear mecanismos de participación ciudadana en los casos de medio ambiente.
“Es preocupante ver cómo el país avanza de manera peligrosa en la reducción y el cierre del espacio cívico porque permite a las personas participar activamente de los asuntos públicos (…) este deterioro manifiesta peligros para las personas defensoras de derechos y activistas ambientales, quienes están inmersos en severas condiciones”, matizó.
Para el Procurador Adjunto de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Sandoval, sin el Acuerdo quedará a la deriva mecanismos judiciales que protejan el trabajo de los defensores de la causa.
Ambas instituciones advierten que si el país no se adhiere el acuerdo “queda registrado que no honró su compromiso” y puede perder oportunidades de cooperación.
En el marco del #DiaDeLaTierra #AdjuntoMedioAmbiente David Sandoval acompañó a organizaciones sociales que piden al Presidente que el país suscriba el Acuerdo de Escazú, el cual respalda a defensores/as de derechos humanos en temas medioambientales. pic.twitter.com/3YxV96tLqj
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 22, 2021
El acuerdo de Escazú, en referencia a la ciudad costarricense del mismo nombre, fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya participación contó con 22 países entre marzo y septiembre del 2018.
La importancia de Escazú reside en ser el primer gran acuerdo regional que establece las garantías del acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
En materia de derechos, los ciudadanos de los países firmantes, pueden acceder a toda la información ambiental necesaria de forma sencilla y transparente, y expresarla. Además, abre las puertas para que en las políticas de Estado que enmarquen cuestiones ambientales, sean sujetos de consulta y así puedan vigilar posibles proyectos que tengan impacto negativo.
Por otra parte, contarían con un amplio marco para acceder a la justicia en caso de persecución o criminalización por actuar en la defensa ambiental, así como para demandarla.
Dicho acuerdo inició con acercamientos de 24 países de América Latina en 2012, en donde se avaló un documento borrador con la venia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la conferencia regional sobre Desarrollo Sostenible.
En 2014, se abordaron los compromisos adquiridos con el Acuerdo y los principales negociadores fueron Chile y Costa Rica. En 2018 se concreta la firma del convenio.
En 2020, solo 12 países (mínimo para activar el mecanismo) ratificaron el Acuerdo de Escazú. De Centroamérica, solo Nicaragua y Panamá cumplieron. El Salvador no se adhirió desde la primera ronda.
