Por: Redacción YSKL
En su gira por Ginebra, Suiza, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, sostuvo una reunión con la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
El motivo del encuentro, según informó la cartera de Estado, fue para “reafirmar el compromiso de El Salvador, con el fomento de la democracia y el respeto a la separación de poderes del Estado”.
“Total satisfacción por esta reunión productiva con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ratificamos en nombre del Presidente Nayib Bukele nuestro espíritu democrático y total respeto al Estado Constitucional”, manifestó Castro, en declaraciones a Telecorporación Salvadoreña.
El funcionario dijo en el medio de comunicación, que se ha planteado a Bachelet, así como a las autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), que se respetará convenios internacionales y derechos humanos.
En otro tema, Castro indicó que Bachelet denotó su inquietud por la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General; esta se hizo, según sus palabras con base a análisis jurídico técnico.
Comisionada de DD.HH de la ONU: La destitución del fiscal general y varios magistrados en El Salvador constituye «una concentración de poder»
“Lo que hemos hecho fue plantear que todo fue en cumplimiento al Estado de Derecho y las causales para tomar las decisiones, las personas salientes vulneraron el Estado de Derecho y no garantizaron los derechos humanos a los salvadoreños”, señaló el ministro a la televisora.
Según mencionó, los funcionarios vulneraron la Constitución y tratados internacionales, en cuanto a “negación, retardación y aplicación selectiva de la justicia”.
“Le hemos planteado (a Bachelet) que somos un Gobierno comprometido con la profundización de la democracia en El Salvador, el cumplimiento del Estado de derecho y tanto los Magistrados como el Fiscal General violaron la Constitución, Tratados Internacionales y la ley”, añadió.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el 4 de mayo que la destitución sin el debido proceso de los funcionarios socava gravemente la democracia y el Estado de derecho.
“La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. Debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del estado de derecho y, por ende, del sistema democrático de un país”, afirmó Michelle Bachelet.
La Asamblea Legislativa destituyó el pasado sábado a todos los miembros del máximo tribunal constitucional -que consta de cinco magistrados permanentes y sus suplentes- argumentando que éstos actuaron de modo inconstitucional al fallar en contra de las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud en relación con la pandemia de la COVID-19.
A continuación, los legisladores cesaron al fiscal general de la República alegando conexiones de éste con el partido ARENA. Tras ambos despidos, en las horas siguientes se procedió a su substitución.
Bachelet recordó que, según las normas y estándares internacionales de derechos humanos, “los jueces solo pueden ser substituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo con un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la constitución o la ley”, refiriéndose al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado.
La Alta Comisionada afirmó que el método usado para cesar a los ex Magistrados y al fiscal general “no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso, lo que es una infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático”.
Añadió que “los jueces y fiscales deben ser protegidos de interferencias inapropiadas y de intimidación” y recordó que tanto el poder legislativo como el ejecutivo deben acatar las resoluciones judiciales “sean éstas de su agrado o no”.
“Lamentablemente, lo que vemos en El Salvador es la profundización de una alarmante tendencia hacia la concentración de poderes. Quiero recordar a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional para restaurar el Estado de Derecho y la separación de poderes», concluyó Bachelet.
