Por: Redacción YSKL
A dos años de gestión del Presidente Nayib Bukele, la Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador (UNITRASAL), expusieron retrocesos y deterioro de las condiciones de vida de la sociedad salvadoreña, en las áreas sindical, laboral, social, seguridad, economía y política.
Sonia Urrutia, representante de UNITRASAL, señaló que, en materia sindical, el Gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo ha rechazado emitir las credenciales de al menos 400 sindicatos, los cuales dijo, a pesar que se entregan los atestados, estos ya vienen vencidos.
“Esta es una clara obstrucción en la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores, hay una intención, por no permitir una libre manifestación por parte de los sindicatos”, manifestó.
En cuanto a participación ciudadana en formulación de políticas públicas, condenaron que el partido Nuevas Ideas, con amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, haya archivado al menos 700 expedientes que contienen iniciativas de ley y proyectos que se estuvieron elaborando junto a sociedad civil, “los derechos como el agua, alimentación, identidad de género, protección a periodistas, derecho a defender derechos, educación integral, sexualidad, salud y vida de las mujeres, pensiones, desaparecidos, registro de pandillas, son de las grandes deudas que tenía la anterior Asamblea, y lamentablemente la bancada de Nuevas Ideas, las continuará dejando”, señaló Urrutia.
En materia laboral, UNITRASAL señaló que se han perdido 38,000 empleos formales en el sector privado, desde que inició la pandemia del COVID-19; adicionalmente se han violentado el derecho del trabajo de 9,000 personas que laboraban en el Órgano Legislativo y Ejecutivo, asimismo unas 1,300 personas de diferentes municipalidades.
Por otro lado, estiman que se han reducido los ingresos de unas 600,000 personas que trabajaban por cuenta propia, de igual forma se redujo la productividad de 300,000 micro y pequeñas empresas, afectando a 800,000 personas en este sector. En lo que se refiere a pensiones, 38,000 adultos mayores dejaron de percibir la pensión universal.
Urrutia también dijo que los salarios han sido paralizados por las restricciones del COVID-19, afectando a 240,000 personas, a la luz del incremento a la energía eléctrica (25%), el agua (15%), gas licuado (13%) y combustibles (10%).
En lo que atañe a finanzas públicas, UNITRASAL se mostró preocupado por el nivel de endeudamiento que ha adquirido el Gobierno, a través de la bancada oficialista. A la fecha, se han aprobado $3,381 millones en préstamos. Una deuda que se suma a los $3,000 millones que avaló la anterior legislatura, alcanzando un endeudamiento del 91% del Producto Interno Bruto.
Seguridad pública
La unidad nacional también hizo un llamado a las autoridades a atender el fenómeno de desaparecidos y responder a las investigaciones de delitos contra jóvenes, mujeres, niñez y desaparecidos.
Institucionalidad del país
«Es evidente el desmantelamiento y debilitamiento de instituciones clave para la garantía de derechos humanos, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Fondo Social para la Vivienda, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Ministerio de Salud; pasando por la desnaturalización de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador y recientemente el secuestro del Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República», criticó Urrutia.
La sindicalista denunció que se intentan utilizar a las instituciones contraloras para perseguir y callar las voces que critican al Gobierno. «Condenamos la persecución de organizaciones de la sociedad civil, bajo la bandera de lucha contra la corrupción y despilfarro de recursos públicos», concluyó.
