Según el informe anual divulgado el viernes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos son cinco países de América Latina, que no cumplieron los requisitos del Departamento de Estado en cuanto a transparencia del manejo de los fondos fiscales el año pasado entre ellos están Nicaragua, El Salvador, Haití y la República Dominicana.
El proceso de revisión de la transparencia fiscal del Departamento evalúa si los gobiernos cumplen con los requisitos mínimos de transparencia fiscal. Los requisitos mínimos de transparencia fiscal incluyen tener documentos presupuestarios claves que estén disponibles públicamente, sustancialmente completos y generalmente confiables. La revisión incluye una evaluación de la transparencia de los procesos para la adjudicación de contratos y licencias gubernamentales para la extracción de recursos naturales entre otros. La transparencia fiscal es un elemento fundamental de una gestión financiera pública eficaz, ayuda a generar confianza en el mercado y permite la sostenibilidad económica. La transparencia fiscal fomenta una mayor rendición de cuentas del gobierno al proporcionar una ventana a los presupuestos gubernamentales para los ciudadanos, ayudar a los ciudadanos a responsabilizar a su liderazgo y facilitar un debate público mejor informado reza parte del informe.
El Departamento de Estado busca con estas revisiones anuales de la transparencia fiscal de los gobiernos que reciben ayuda de los Estados Unidos ayudan poder garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera adecuada y brinda oportunidades para dialogar con los gobiernos que ellos apoyan sobre la importancia de la transparencia fiscal.
En el reporte hay una sección que habla de los gobiernos que no cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal del Departamento durante el período de revisión e incluye recomendaciones específicas de medidas a corto y largo plazo que dichos gobiernos deben tomar para mejorar la transparencia fiscal.
También emite recomendaciones para aquellos gobiernos que han logrado un progreso significativo hacia el cumplimiento de los requisitos mínimos, la sección también incluye una breve descripción de dicho progreso.
Dice que la información sobre las obligaciones de la deuda que estuvieron disponibles, pero los documentos de presupuesto no estaban preparados de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente y el gobierno no detalló los gastos que sustentan a la administración del gobierno.
Tampoco hubo datos públicos sobre las grandes empresas de propiedad estatal ni declaraciones financieras que se puedan auditar. No se publicaron los gastos de una asistencia fuera del presupuesto a Venezuela ni fue sujeta a auditorías ni supervisión legislativa.
Muchas empresas estatales, como ALBANISA, un proyecto conjunto entre compañías petroleras de Nicaragua y Venezuela no ha sido sometida a una auditoría.
Habla sobre el presupuesto general que estuvo sustancialmente completo, pero los ingresos reales y los gastos no correspondieron razonablemente a los que aparecían en el presupuesto.
Además, que hubo preocupaciones de que el gobierno no proporcionó una información completa a la legislatura sobre los gastos relacionados con el COVID-19.
La institución de auditorías revisaron partes del documento, pero no tiene la capacidad para auditar el presupuesto completo ni la autoridad para llevar a cabo sus obligaciones.
El proceso de contratos para la extracción de recursos naturales está protegido por la ley y parece que se cumple en la práctica, dice el informe, y la información básica al respecto estuvo disponible públicamente.
Dice que durante el período examinado, el presupuesto del gobierno y la información sobre las obligaciones de la deuda fueron de fácil acceso para el público en general, incluso en línea. Sin embargo, el informe de fin de año estaba incompleto. El presupuesto promulgado fue sustancialmente completo y, en general, se consideró confiable.
Las principales empresas estatales, en particular la empresa de distribución y transmisión de electricidad, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, no tenían estados financieros auditados a disposición del público, y existe información limitada sobre la deuda disponible en la Refinería Dominicana de Petróleo. La entidad fiscalizadora superior de la República Dominicana revisó las cuentas del gobierno; sin embargo, su independencia es limitada y su informe más reciente estaba incompleto y no estaba disponible públicamente.
Dice que durante el período de revisión, el gobierno volvió a publicar su presupuesto aprobado dentro de un período de tiempo razonable, después de no hacerlo durante el último período de revisión. Sin embargo, la propuesta de presupuesto ejecutivo no se publicó en línea en un período de tiempo razonable ni fue aprobada por la legislatura.
Los documentos presupuestarios no se prepararon de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente. La información limitada sobre las obligaciones de deuda estaba disponible públicamente, sin embargo, el gobierno no publicó la información sobre la deuda, no asignaciones y ganancias de importantes empresas estatales.
Los documentos presupuestarios disponibles públicamente no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los gastos planificados del gobierno y las corrientes de ingresos, incluidos los ingresos por recursos naturales. El presupuesto publicado no proporcionó suficientes detalles para cada ministerio u organismo.
