La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló una audiencia pública sobre la situación de derechos humanos en El Salvador, en el que se preveía la participación de organizaciones de la sociedad civil y del Estado salvadoreño; sin embargo, este último no tuvo representación.
Los principales temas a tratar fueron: Institucionalidad democrática, independencia judicial y libertad de expresión; las organizaciones señalaron afectaciones en todas estas.
Comisionados de la CIDH lamentaron la ausencia del Estado en la audiencia, a pesar que se hubiera enviado un informe previo, pues la participación permitiría dar postura y responder a las preguntas sobre los hechos planteados.
Fueron 5 las organizaciones que participaron, entre ellas está Cristosal, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
Estos fueron algunos de los hechos planteados a la CIDH:
Irrupción militar del 9 de febrero 2020 – La irrupción del Presidente Nayib Bukele al Salón Azul de la Asamblea Legislativa en compañía de militares y policías para exigir la aprobación de un préstamo de $109 millones.
Destitución de magistrados y fiscal general del 1 de mayo de 2021 – La primera acción de la nueva Asamblea Legislativa con mayoría del partido Nuevas Ideas, afín al Gobierno. Destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, Raúl Melara; a su vez, nombraron a sustitutos.
«No existe acceso a jueces independientes, con el control de la fiscalía pueden determinar lo que se investiga o no, no hay garantía para que se investigue casos de corrupción de la actual administración», expusieron.
Además, hicieron referencia a la sentencia de inconstitucionalidad de la antigua Sala sobre las cuarentenas y régimen de excepción del Gobierno y el Parlamento.
«El Presidente dijo y cito “¿Dictador? Si fuera dictador ya los hubiera fusilado a todos, miles de vidas por 5 vidas”, no los fusiló, pero los destituyó con los diputados de su partido», agregaron.
PNC Y Fiscalía para persecución – Las organizaciones plantearon que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre todo luego de la destitución del Fiscal General, y la Sala de lo Constitucional podrían utilizarse como instrumento de persecución política contra opositores, periodistas, voces críticas al gobierno y defensores de derechos humanos.
Centralización de información – El caso del cementerio clandestino de Chalchuapa fue planteado a la Comisión, sobre todo porque se planteó que por reserva judicial no se podía dar a conocer el número de víctimas, que han sido reportadas como desaparecidas. Siendo los últimos 13 asesinatos entre 2020 y 2021.
También se destacó que el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) ordenó que datos sobre empleados públicos no podían ser revelados, lo que fue calificado como una forma de encubrir casos de nepotismo.
Ataques digitales y represalias – Cerca de 20 ataques se han contabilizado por funcionarios de gobierno hacia organizaciones de la sociedad civil o periodistas en el último año, según se dijo en la audiencia.
La comisión que investiga los fondos a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Presupuesto General en la Asamblea Legislativa fue calificada como una posible represalia a las asociaciones que se han mostrado opuestas a las acciones del gobierno.
Finalmente, las organizaciones pidieron la visita del Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, así como un informe de país y pronunciamiento sobre la «ruptura del orden constitucional» y respeto a la separación de poderes.
