Por: Redacción YSKL
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) habría ordenado la salida del periodista y editor del periódico digital El Faro, Daniel Lizárraga.
Carlos Dada, parte de los fundadores de El Faro, aseguró que agentes de la DGME, junto a policías llegaron hasta la residencia del periodista de origen mexicano, para notificarle que debía salir del país.
Esto en razón que su permiso laboral, que había tramitado la dirección del periódico para trabajar en el país, no se había hecho efectivo en razón que no podía “acreditar” ser periodista.
«Invitamos en El Faro a un periodista extraordinario: Daniel Lizárraga, maestro de la Fundación Gabo, reconocido por sus investigaciones contra la corrupción, que revelaron casos grandes de la corrupción en México (…) tramitábamos el permiso de trabajo del periodista y ayer se han presentado agentes del Gobierno a casa a notificarle que tiene cinco días para abandonar El Salvador y que su permiso ha sido denegado porque no ha podido demostrar que es periodista», reveló Dada, durante un foro virtual con Casa América Catalunya, que le otorgó al medio el XIV Premio Antoni Traveria a la Libertad de Expresión.
Según el jefe de El Faro, Lizárraga podía evitar fácilmente la revocatoria de su permiso de estancia en el país (cuya vigencia de 90 días expiraba a finales de julio) pues cuenta con una trayectoria que data desde 1993 en varias investigaciones para Aristegui Noticias. Además trabajó en los medios Reforma, El Universal y Revista Proceso, todos mexicanos.
Dada aseveró que «me preocupa mucho el país», porque «se va quedando sin periodismo, se va quedando también sin democracia» y calificó la decisión como el «último capítulo de esta escalada» de “acoso».
“(Es) de los periodistas más destacados de América Latina y no ha podido demostrar que es periodista, según el Gobierno salvadoreño. Consideramos esto una forma más de acoso contra nosotros y un intento más por limitar nuestro ejercicio periodístico”, lamentó.
El director de Migración, Ricardo Cucalón aseguró que Lizárraga entró al país en calidad de turista desde enero pasado (fecha en que inició como editor), esto lo afirmó en un hilo de tuits al Ministro de Trabajo, Rolando Castro, que también cuestionó que el medio de comunicación no habría solicitado el permiso para laborar en El Salvador.
En una cadena nacional, el Presidente Nayib Bukele afirmó que El Faro era objeto de una investigación de Hacienda por supuestamente haber lavado dinero a través de “fondos de donaciones”, con los que financia su funcionamiento.
Al respecto el periódico se pronunció diciendo que esta era una serie de ataques ante las investigaciones sobre hechos de corrupción que se originaron dentro de la administración pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a inicios de febrero medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes de El Faro que, advirtió, «estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización».
A inicios de marzo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de amparo contra Hacienda por supuestamente valerse de una auditoría para intentar obtener información de la «línea editorial, metodología periodística, fuentes e investigaciones en curso» de El Faro.
Entre enero y junio del 2021 la Asociación de Periodistas de El Salvadorc contabiliza 150 vulneraciones al ejercicio periodístico.
