Por: Redacción YSKL
Ante el socavamiento de procesos jurídicos y eleccionarios de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tres organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala y Honduras, presentaron este miércoles un pliego de propuestas para fortalecer la independencia del Órgano Judicial.
El documento fue presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); con apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y en coordinación con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y Contracorriente de Guatemala y Honduras, respectivamente.
Saúl Baños, de FESPAD, manifestó que el estudio se realizó los primeros cuatro meses del 2021, y tiene como objetivo identificar avances, obstáculos y desafíos en materia de independencia e integridad judicial, con la intención de plantear propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de los países que conforman el Triángulo Norte centroamericano.
La investigación revela que si bien la situación se asemeja en los tres países centroamericanos, es en El Salvador, que se ha dado más aceleradamente una «debilidad institucional» de la judicatura.
.@FESPAD_sv presenta esta mañana el estudio "Propuestas para fortalecer la independencia e integridad judicial en el Triangulo Norte", con el director de la Fundación Saúl Baños y la directora del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de @KonradAdenauer.
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— Radio YSKL (@radioyskl) July 7, 2021
La metodología que se utilizó implicó la realización de entrevistas y grupos focales en los tres países. En el caso de El Salvador se desarrollaron 30 entrevistas a profesionales del derecho, periodistas, académicos y de organizaciones de sociedad civil que litigan casos de violaciones a derechos humanos ante el sistema judicial, incluyendo funcionariado de alto nivel de la CSJ, Asamblea Legislativa, Consejo Nacional de la Judicatura (ente encargado de nombrar jueces), el vicepresidente de la República y un fiscal auxiliar.
El abogado señaló que sin independencia judicial “no hay Estado de Derecho. Queremos hacer conciencia que los derechos fundamentales de la población son fundamentales en una democracia”.
“Para el caso de El Salvador, fue evidente que el 1 de mayo que se impuso a magistrados de la Sala de lo Constitucional, es el mejor ejemplo del debilitamiento de la institucionalidad jurídica, es necesario fortalecer los mecanismos de elección magistrados del Órgano Judicial y la depuración de sus jueces. Esa omisión que se cometió por distintos funcionarios en gobiernos anteriores se concretó con el 1 de mayo, en un desmontaje de la institucionalidad democrática”, infirió el experto.
De acuerdo con el informe, también revela que el sistema de separación de poderes en El Salvador “se debilitó aún más”, con la constante injerencia de los otros Órganos de Estado y poderes fácticos en las decisiones y procesos de elección de miembros de las Salas que componen la CSJ.
Baños ejemplificó la elección de cuatro magistrados de la Corte Suprema, que le correspondía nombrar a la Asamblea Legislativa 2021-2024, la cual no contó con la veeduría de las organizaciones sociales. “Esta comisión política que inició el 1 de mayo, no permitió que representantes de la sociedad civil pudieran interpelar a los candidatos a la Corte, es una regresión, porque impide que se pueda tachar algún candidato que pueda tener incumplimiento de los lineamientos que ya establece la Constitución, en lo que cabe a instrucción y moralidad notoria”, matizó.
El grupo de trabajo propuso institucionalizar organismos de participación ciudadana en las actuales legislaciones, para garantizar la interacción y discusión de la elección de Magistrados de las Cortes, para “fortalecer la legalidad, división de poderes y la construcción de sistemas de justicia basados en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
También proponen independizar las oficinas de investigación de abogados y la Sección de Probidad, que incluyan investigaciones y sanciones, fuera de la jurisdicción de la Corte. «Porque hemos visto en años recientes que se ha utilizado estas dependencias para ir contra abogados incómodos o incluso, aquellos que solicitan investigaciones de probidad de los funcionarios, en donde las investigaciones se llevan a cabo de forma interna, sin ningún tipo de garantía que se resuelva en favor de la persona acusada», señaló Baños. Otro objetivo de la iniciativa es garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y evitar arbitrariedades contra la población civil.
