Por: Redacción YSKL
El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), condenó el pliego de reformas que solicitó el Gobierno, al que calificaron como “un nuevo grave retroceso”, en cuanto a derechos de la población y por ende, al combate a la corrupción.
En un comunicado que se difundió este martes, el grupo estimó que las reformas “favorecerían la opacidad, debilitarían la lucha contra la corrupción y contribuirá al deterioro de la democracia”.
Y es que el 10 de julio pasado, el Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, propuso a la Asamblea Legislativa reformas a por lo menos nueve artículos de la LAIP, entre los que destacan la posibilidad de clasificar como “reservada” la información oficiosa, es decir aquellas que las instituciones públicas están obligadas a difundir a la población, sin necesidad de hacer un requerimiento ciudadano.
Además, calificar como “confidencial” la declaración patrimonial de inicio y cese de funciones de empleados públicos y titulares de carteras de Estado. Otro punto a destacar, es que se eliminaría el mecanismo de elección de ternas para Comisionados del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), para que solo dos candidatos puedan competir por formar parte del pleno.
Gobierno propone a Diputados facultar a sus funcionarios a declarar «reservada» toda la información oficiosa y catalogar como «confidencial» la declaración patrimonial
Otra reforma que ha pedido el Gobierno, es extender los plazos para responder a las solicitudes de información, de diez días hábiles se ampliará a 20 y se le restan atribuciones al Pleno del IAIP y se los confiere al Presidente de este organismo.
Para el Grupo las reformas “atentarían contra la razón de ser de una ley creada para transparentar el quehacer de las instituciones y posibilitar una verdadera rendición de cuentas”.
“Con las reformas y en particular al incluir un mecanismo para declarar reservada la información oficiosa, prácticamente dejan sin sentido la LAIP, pues se volverá una ley inefectiva que ya no velará por el principio de máxima publicidad, sino que lo que favorecerá es el secreto”, asevera el Grupo.
Exigieron al Congreso rechazar las reformas propuestas por constituir “un atentado contra el derecho fundamental al acceso a la información” y “contrariando jurisprudencia constitucional”.
Reacciones en el Congreso
Guillermo Gallegos, del partido GANA, afirmó que apoyarán la propuesta gubernamental, debido a que la propuesta protege la intimidad de los procesados en sede judicial, cuando son acusados de delitos de corrupción, «una vez que se tenga un resultado definitivo, pues puede hacerse pública la información, pero hay casos que de esa información, destrozan o despedazan al funcionario y al final de sale inocente», cuestionó.
Posición contraria tiene el Diputado René Portillo Cuadra, del partido ARENA, quien señaló que las reformas atentan al derecho y acceso a la información, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, puesto que la población no conocerá las declaraciones patrimoniales de las personas que fungirán en la administración pública.
«Esta es una forma de ocultar dinero mal habido, si ellos no temen nada, no veo porqué ocultar este tipo de información, que debe ser pública, los resultados de Probidad deben ser públicos, tal vez el proceso no, pero sí el resultado de esa declaración», enfatizó.
Serafín Orantes, del PCN, afirmó que, en el marco de las reformas a la Constitución que el Gobierno pretende presentar el 15 de septiembre, el IAIP, y otras instituciones públicas serán elevadas a rango constitucional y su elección dependerá de una votación que se lleve a cabo en la Asamblea.
«Vemos que tanto las Procuradurías, como el IAIP, se pretende elevarlos a rango constitucional de tal manera que con esta categoría, cada funcionario será elegido en segundo grado con más de la cuarta parte del Pleno, he ahí que se tendrá que reformar el reglamento para calificar la información que será reservada y confidencial», explicó.
Reformas a la Constitución contempla eliminar la Corte de Cuentas y crear una «Contraloría General de Estado»
Las reformas
El legajo de reformas, van encaminadas a permitir a los entes obligados clasificar como “reservada” toda la información oficiosa que revista en el artículo 10 de la LAIP, entre las que destacan los directorios, correos, salarios y currículum de funcionarios públicos; detalles de asesores; presupuestos asignados a instituciones gubernamentales; contratación de personal; remuneraciones, por categoría salarial, dietas y gastos de representación; planes operativos; listados de viajes de titulares, que involucren fondos públicos; informes contables; inventarios y financiamiento de obras.
El documento, consigna que se modificará el artículo 16 de la LAIP, para que se adecúe a las regulaciones que establecen los artículos 19, 20 y 21, de la referida normativa. Es decir, se le dará la categoría de reservada para un período de siete años.
El artículo 20 actualmente reza que se puede desclasificar la información cuando se extingan las causas que dieron origen a la clasificación y se podrá ampliar el período a otros cinco años adicionales, siempre y cuando se justifiquen las razones, tal y como lo subraya el artículo siguiente.
Declaración patrimonial
Por otra parte, la declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos, pasarán a la categoría de “Información Confidencial”, que revista en el artículo 24 de la LAIP.
Para consultar el decreto puede entrar aquí.
