Por: Redacción YSKL
En las reformas que el Gobierno planteará a la Constitución de la República, se contempla la supresión de algunas instituciones contraloras y elevará a un rango legal mayor a otras, así lo detalla un comunicado de la Presidencia, con fecha del 10 de julio del 2021.
Una de las propuestas anunciadas será la creación de un ente que suplante las funciones que hoy en día realiza la Corte de Cuentas de la República (CCR), en lo relativo al ejercicio de fiscalización de la administración pública.
En su lugar se creará una Contraloría General de Estado y se designará a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la gestión de esta institución.
Por otra parte, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor, tendrán rango constitucional, por lo que sus funciones estarán previstas en el documento que será presentado a la Asamblea Legislativa el 15 de septiembre próximo.
Inicia oficialmente la redacción de reformas a la Constitución
Dichas entidades “fiscalizarán los fondos públicos, el patrimonio del estado, salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, promover el desempeño ético en la Función Pública y detectar las prácticas anti éticas y corruptas; garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia; y garantizar a los consumidores que los proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, tanto públicos como privados e incluyendo los financieros, no ejerzan actos de abuso en su contra”, expresa el comunicado.
Todas las instituciones tendrían autonomía administrativa y económica, además quienes integrarán las direcciones “no serán por cuotas partidarias”, sino por una nueva propuesta de elecciones de segundo grado, “que se basará en una lista de candidatos saldrán de los colegios de profesionales”, según la propuesta.
Félix Ulloa: Cláusulas Pétreas de la Constitución pueden reformarse, y el precedente lo sentó la Sala de lo Constitucional
Derechos Económicos
De acuerdo con el equipo Ad Hoc que estudia las reformas a la Constitución, también se redactará un artículo nuevo en lo que se refiere a la propiedad privada en equilibrio con la justicia social.
Actualmente, el artículo 102, inciso 2° de la Constitución reza que “el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país”.
Es decir, que cada inversión que se lleve a cabo no debe de reñir con la equidad, justicia social y el interés social. Debe procurar el desarrollo económico y social sostenible, “para la existencia digna de todos los salvadoreños y el respeto irrestricto al medio ambiente”.
El Equipo Ad Hoc, es Coordinado por el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo e integrado por Mauricio Rodríguez Flores, Karennie Rivas de Posada, Marlon Harold Cornejo, Adolfo Muñoz, quien a su vez funge como secretario. A ellos, se les une un equipo de abogados con especialidad y experiencia en diferentes ramas jurídicas.
Además asiste en la redacción el abogado constitucionalista español, Cayetano Núñez Rivero, quien se desempeñó como catedrático universitario y coordinador de investigación, fue Oficial Electoral de la Misión de Naciones Unidas en El Salvador, que se encargó de la redacción del Código Electoral de la post guerra, y ha participado en otras misiones de la ONU en Panamá y República Dominicana.
En agosto del 2020, se publicó un Decreto Ejecutivo que le da facultades al Vicepresidente Ulloa para nombrar a los miembros del equipo Ad-Hoc que se encargaría de un “estudio, análisis, discusión y propuestas” de reforma constitucional, con la finalidad de “obtener una normativa moderna y eficiente” y acorde a “las necesidades actuales de la sociedad”.
Las consultas podían enviarse vía correo electrónico a una dirección que había abierto la presidencia para recibir las propuestas, específicamente entre el 20 de noviembre del 2020 y 28 de febrero del 2021. Se tiene previsto que para el 15 de septiembre, con motivo del aniversario de los 200 años de Independencia, se presente el documento. Ulloa ha declarado en anteriores intervenciones, que antes de ser presentado a Bukele, se realizará una «amplia consulta» con diversos sectores de la sociedad, para conocer sus inquietudes sobre la propuesta.
