Un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se presentaron por segunda vez a la Asamblea Legislativa a través del Ministerio de Gobernación, pero en esta ocasión ya no incluyeron declarar bajo reserva la declaración patrimonial de funcionarios.
El martes pasado, en día de sesión plenaria, se contemplaba el ingreso de la primera propuesta de reformas, donde la declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos, pasarían a la categoría de “Información Confidencial”, que revista en el artículo 24 de la LAIP.
Ese martes 13 de julio resonó en redes sociales la solicitud de modificación y fue rechazada por distintas organizaciones; sin embargo, el Parlamento no le dio ingreso.
Una semana después, el Ministerio de Gobernación «cumpliendo disposiciones especiales del Presidente Nayib Bukele», presentó una nueva iniciativa quitando referida propuesta.
A pesar de ello, sí conserva las reformas para que información oficiosa pueda considerarse reservada en todas las instituciones de Gobierno, la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Esta información es referida a planes gubernamentales, resultados de auditorías, directorios, correos, salarios y currículum de funcionarios públicos; detalles de asesores; presupuestos asignados a instituciones gubernamentales; contratación de personal; remuneraciones, por categoría salarial, dietas y gastos de representación; planes operativos; listados de viajes de titulares, que involucren fondos públicos; informes contables; inventarios y financiamiento de obras.
