Concluye la exhumación de 6 víctimas de la Masacre del Sumpul en el cantón Llano Grande

Exhumación Masacre Río Sumpul. Foto: Cortesía.

Terminaron los trabajos en el cantón Llano Grande, municipio de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango para la exhumación de 6 víctimas de la Masacre del Río Sumpul, acaecida entre el 13, 14 y 15 de mayo de 1980.

De acuerdo con el fiscal de la Unidad Especializada para la Investigación del Conflicto Armado de la Fiscalía General de la República (FGR), «se logró dar con los primeros hallazgos que nos van a contribuir con información de carácter científico para la investigación del caso».

Los implicados

La Masacre tuvo lugar en el mes de mayo de 1980, tras el estallido de la Guerra Civil en el país y donde se estiman 600 víctimas que constan en el proceso penal, asesinadas por la Fuerza Armada (FAES), la Guardia Nacional y paramilitares de la Organización Nacional Democrática (ORDEN).

El proceso se conoce en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, donde están implicados los siguientes militares: José Guillermo García, exministro de Defensa y Seguridad pública (también enfrenta una acusación por la Masacre de El Mozote); coronel Nicolás Carrazas, subsecretario de Defensa y Seguridad Publica; y al teniente coronel Francisco Adolfo Castillo.

Búsquedas y exhumación

En este 2021 iniciaron trabajos de exhumación y las búsquedas de osamentas comenzaron el pasado mes de febrero, donde colaboraron víctimas que sobrevivieron ante el hecho.

En esa primera búsqueda se encontraron restos en un pozo de una zona conocido como El Plan de Las Aradas, donde fueron masacradas algunas de las víctimas; las osamentas se enviaron al Instituto de Medicina Legal (IML).

En abril se hizo una segunda búsqueda, pero no tuvieron resultado; la tercera se hizo en mayo y este mes pasaron a la exhumación de restos localizados en el cantón Llano Grande.

Del proceso participa la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Medicina Legal, familiares de víctimas y organizaciones que dan acompañamiento al proceso como querella.

Para identificar a las víctimas, el Juzgado autorizó la toma de pruebas de ADN a familiares.