Por: Redacción YSKL
La Asociación Azul Originario presentó este miércoles, el resultado de la investigación denominada “Justicia: Una deuda permanente”, que abarca a detalles de detenciones ilegales o arbitrarias en el país.
Huber Romero, investigador de la asociación, explicó que desde hace cuatro años, se ha dado acompañamiento jurídico a poblaciones vulneradas, incluidas las sobrevivientes de detenciones fuera del marco legal y, producto de ello, han concluido que persiste la poca claridad en la información que brindan las instituciones que velan por la seguridad y justicia en el país.
Además, señaló la falta de registro estadístico de este fenómeno, por parte de las entidades como la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Corte Suprema de Justicia que se niegan a reconocer este flagelo.
“Dentro de estas instituciones no se reconoce las detenciones ilegales o arbitrarias como tal, sino más bien, son registradas bajo otras denominaciones, como lo menciona el artículo 290 o 291 [Código Penal], que son detenciones por empleado público, que son legislaciones muy ambiguas”, indicó.
El experto apuntó que varios casos de detenciones ilegales, las autoridades hacen uso de la violencia contra personas que no han cometido delitos o no se ha comprobado su participación en los mismos, con la intención de extraer información que de con el paradero de prófugos de la justicia. En su informe, Azul Originario destaca la plantación de evidencia contra las víctimas para inculparlas de delitos que no cometieron.
Para el investigador Huber Romero de @AzulOriginario este problema se debe a la poca capacidad técnica de la @CorteSupremaSV para la realización de las investigaciones en el combate de la criminalidad y los procedimientos siguen siendo igual que en otras administraciones.
— Radio YSKL (@radioyskl) July 21, 2021
Dentro de los casos atendidos en el informe, las víctimas revelan prácticas de tortura ocupadas por la Policía cuando ejecutan operativos de captura en las comunidades; y vulneraciones al principio de presunción de inocencia al ser expuestos a los medios de comunicación.
El estudio se realizó entre los meses de noviembre 2020 a junio del 2021. La metodología es de tipo cualitativa, es decir, se recabaron los testimonios que seis víctimas brindaron con base a experiencias de antes, durante y después de la detención; y se ratificó con la revisión documental de los casos que van desde 2016 a 2021.
Según datos de esta investigación, el 90% de los detenidos son jóvenes residentes en zonas rurales o zonas urbanas catalogadas de alto índice delincuencial; el 75% que ha atendido Azul Originario, presenta estrés post traumático, estrés agudo, ansiedad o depresión leve.
“Incluso hay casos en los que las víctimas se han motivado al suicidio, por la afectación psicológica. Encontramos cuadros de depresión, de ansiedad, estrés agudo, hay personas que llevan tres o cuatro años que sucedió el proceso, pero aún presentan síntomas de trastornos post traumáticos, que ya no basta de tratamientos psicológicos, sino psiquiátricos, con fármacos, muchas veces el sistema de salud pública no hay medicamentos, lo que implica otro costo, porque deben adquirirlos en una farmacia, donde los precios son elevados”, analizó la psicóloga de Azul Originario Azul Gutiérrez.
Solo el 5% de las personas atendidas por Azul Originario tienen la posibilidad económica de contratar abogados para buscar justicia “más expedita”, en contraposición al 95% de personas que están en condiciones socioeconómicas más vulnerables.
Azul Originario brinda asesoramiento en diferentes etapas: Recepción de información, apoyo y acompañamiento, asesoramiento legal, atención psicológica y asesoría del caso. El informe puede ser consultado
Por: Redacción YSKL
La Asociación Azul Originario presentó este miércoles, el resultado de la investigación denominada “Justicia: Una deuda permanente”, que abarca a detalles de detenciones ilegales o arbitrarias en el país.
Huber Romero, investigador de la asociación, explicó que desde hace cuatro años, se ha dado acompañamiento jurídico a poblaciones vulneradas, incluidas las sobrevivientes de detenciones fuera del marco legal y, producto de ello, han concluido que persiste la poca claridad en la información que brindan las instituciones que velan por la seguridad y justicia en el país.
Además, señaló la falta de registro estadístico de este fenómeno, por parte de las entidades como la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Corte Suprema de Justicia que se niegan a reconocer este flagelo.
“Dentro de estas instituciones no se reconoce las detenciones ilegales o arbitrarias como tal, sino más bien, son registradas bajo otras denominaciones, como lo menciona el artículo 290 o 291 [Código Penal], que son detenciones por empleado público, que son legislaciones muy ambiguas”, indicó.
El experto apuntó que varios casos de detenciones ilegales, las autoridades hacen uso de la violencia contra personas que no han cometido delitos o no se ha comprobado su participación en los mismos, con la intención de extraer información que de con el paradero de prófugos de la justicia. En su informe, Azul Originario destaca la plantación de evidencia contra las víctimas para inculparlas de delitos que no cometieron.
Para el investigador Huber Romero de @AzulOriginario este problema se debe a la poca capacidad técnica de la @CorteSupremaSV para la realización de las investigaciones en el combate de la criminalidad y los procedimientos siguen siendo igual que en otras administraciones.
— Radio YSKL (@radioyskl) July 21, 2021
Dentro de los casos atendidos en el informe, las víctimas revelan prácticas de tortura ocupadas por la Policía cuando ejecutan operativos de captura en las comunidades; y vulneraciones al principio de presunción de inocencia al ser expuestos a los medios de comunicación.
El estudio se realizó entre los meses de noviembre 2020 a junio del 2021. La metodología es de tipo cualitativa, es decir, se recabaron los testimonios que seis víctimas brindaron con base a experiencias de antes, durante y después de la detención; y se ratificó con la revisión documental de los casos que van desde 2016 a 2021.
Según datos de esta investigación, el 90% de los detenidos son jóvenes residentes en zonas rurales o zonas urbanas catalogadas de alto índice delincuencial; el 75% que ha atendido Azul Originario, presenta estrés post traumático, estrés agudo, ansiedad o depresión leve.
“Incluso hay casos en los que las víctimas se han motivado al suicidio, por la afectación psicológica. Encontramos cuadros de depresión, de ansiedad, estrés agudo, hay personas que llevan tres o cuatro años que sucedió el proceso, pero aún presentan síntomas de trastornos post traumáticos, que ya no basta de tratamientos psicológicos, sino psiquiátricos, con fármacos, muchas veces el sistema de salud pública no hay medicamentos, lo que implica otro costo, porque deben adquirirlos en una farmacia, donde los precios son elevados”, analizó la psicóloga de Azul Originario Azul Gutiérrez.
Solo el 5% de las personas atendidas por Azul Originario tienen la posibilidad económica de contratar abogados para buscar justicia “más expedita”, en contraposición al 95% de personas que están en condiciones socioeconómicas más vulnerables.
Azul Originario brinda asesoramiento en diferentes etapas: Recepción de información, apoyo y acompañamiento, asesoramiento legal, atención psicológica y asesoría del caso. El informe puede ser consultado acá.
