Por: Redacción YSKL
Acción Ciudadana, a través del Observatorio para El Fortalecimiento Institucional, presentó este jueves el informe de Monitoreo de la probidad de la función pública período diciembre 2020 – julio 2021, que dibuja un panorama general sobre el nivel de cumplimiento de la obligación constitucional de presentación de declaraciones de patrimonio, así como el desarrollo del trabajo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante el año 2020.
Los investigados son funcionarios que no presentaron declaraciones de inicio y cese del cargo del Gobierno 2014-2019, 2019-2024; Asamblea Legislativa 2015-2018, 2018-2021 y 2021-2024. Y cargos públicos que se encuentran en proceso de ser sancionados o ya se las ha impuesto multa entre 2014-2020.
Del Ejecutivo que dirigió Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), 1,094 funcionarios no presentaron declaración patrimonial hasta diciembre del 2020; de estos, 710 no las presentaron en el inicio de sus cargos y 397 declaraciones de cese de funciones. Según el informe, los cargos de mayor nivel de incumplimiento son: Dirección o subdirección, técnicos o relacionados a manejo de fondos públicos, jefaturas y coordinaciones.
Los servidores públicos de dicho período y que hasta junio de 2021 concentraban la mayor cantidad de incumplimientos en la presentación de sus declaraciones de patrimonio pertenecieron a las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, El 24. 82 %; Ministerio de Gobernación, el 19.98%; Ministerio de Educación, 14.69. Este comportamiento fue similar al observado en diciembre 2020.
Del Órgano Ejecutivo (2019-2024), que dirige Nayib Bukele, se detalla que hasta el 18 de junio de 2020, registraba 1,685 declaraciones de patrimonio de inicio de funciones sin presentar. Este segmento se encuentra liderado por 1,231 declaraciones de toma de posesión que se encontraban sin presentar por parte del Gobierno y 454 de cese de funciones.
Los segmentos con la mayor cantidad de incumplimientos, tanto para diciembre 2020 y junio 2021, son los cargos técnicos u otros cargos relacionados con el manejo directo de fondos públicos, seguido de cargos asociados a mandos intermedios de jefaturas, gerencias y coordinación.
Respecto de las instituciones a las cuales pertenecen los servidores públicos que no habían presentado sus declaraciones, fueron servidores públicos de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, los que agrupan la mayor cantidad de las declaraciones de toma de posesión sin presentar.
Respecto a las declaraciones de cese de funciones, se contabilizaron 246 declaraciones de cese de funciones que, hasta el 14 de diciembre de 2020, se encontraban sin presentación. Esta cantidad experimentó un crecimiento del 84.55% para junio 2021, llegando a 454.
Asamblea Legislativa 2018-2021
Hasta el 12 de septiembre de 2019, se identificaban 13 declaraciones de toma de posesión sin presentar por diputados (suplentes y propietarios) de la legislatura 2018-2021. Ahora bien, estos datos al ser contrastados con los actualizados a febrero de 2020 permitieron reflejar un total de 8 declaraciones de toma de posesión con falta de presentación. Este número se redujo en 7 declaraciones sin presentación para noviembre 2020 y en 6 declaraciones para junio 2021.
La distribución porcentual, según el género del sujeto obligado, fue del 33.33 % de diputaciones ejercidas por mujeres y el 66.66 % de diputaciones ejercidas es por hombres. Todas las declaraciones sin presentar corresponden a cargos de suplencia.
La fecha límite de presentación de estas declaraciones fue el 29 de junio de 2021. En este sentido, para esa legislatura se identificaron 27 declaraciones sin presentar pertenecientes al cargo de diputación propietaria y 40 de diputaciones suplentes, hasta el 13 de julio de 2021.
Legislatura 2021-2024
Debido a que la nueva composición legislativa entró en funciones el pasado 1 de mayo, Acción Ciudadana delimitó el estudio a las declaraciones patrimoniales de inicio de funciones por parte de los diversos sujetos obligados. Como resultado, se detectaron 68 declaraciones de patrimonio de diputaciones propietarias presentadas y 62 declaraciones de patrimonio presentadas de diputaciones suplentes.
Durante la presentación del informe, Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, destacó que si bien la Ley de Probidad se operativizó en el año 2014, gracias a la correlación en la Corte Suprema de Justicia (ente al que está adscrito Probidad), habría retrocesos con la nueva conformación del Pleno, gracias a los cambios que realizó la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2021.
“Ese hecho pone en riesgo los avances que se habían obtenido en materia de investigación de enriquecimiento ilícito y posiblemente profundice los retrocesos que ya se habían indicado en materia de transparencia”, advirtió el experto.
Entre las conclusiones del estudio, Acción Ciudadana propone que la CSJ potencie la Sección de Probidad, con la imposición de multas a incumplimientos a presentación de declaraciones.
«Ante la cantidad de incumplimientos el nivel de multas es bajo, creemos que se debe sancionar a estos funcionarios que no están presentando su declaración», subrayó.
Por otro lado Escobar apuntó que es necesario incrementar el control ciudadano, disminuir la aplicación de la reserva en los casos de probidad y que la Corte establezca protocolos de difusión de los casos, sin menoscabar la integridad de la persona «esto va con la lógica de posibilitar la fiscalización ciudadana y fiscalización de la prensa».
«Deben de irse descartando criterios que se toman para declarar reserva de los casos. Además potenciarse las capacidades de la Sección de Probidad, deben darles los recursos necesarios para que pueda fiscalizar de mejor manera algún indicio de enriquecimiento ilícito de los funcionarios obligados a presentar sus declaraciones», matizó.
