Por: Redacción YSKL
El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, exhortó a la actual gestión de la Asamblea Legislativa, derogar el Decreto 127, con fecha de 26 de septiembre del 2018, en el cual, eximió de potestad a la Dirección de Impuestos Internos de auditar a varias empresas que eran investigadas por supuestamente evadir cerca de $280 millones, en el período 2014-2015.
El funcionario se hizo presente este lunes a la Comisión de Hacienda para dar un informe de gestión del último año, cuando fue consultado de qué forma podría el Órgano Legislativo mejorar los mecanismos de recaudación, ante los casos de evasión reportados en los últimos años.
«Esta sería la primera Comisión de Hacienda, que buscaría darle herramientas al Plan Antievasión […] Yo sueño tener una comisión que investigue el ‘Panamá Papers'», inquirió el Diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Fue cuando Zelaya, lo interrumpió para hacer la siguiente declaración: «Sería bueno investigar las motivaciones de la aprobación de ese decreto 127 de fecha Octubre 2018, se borraron de un tajo $280 millones en auditorías que estaba siguiendo la Dirección General de Impuestos Internos […] sería bueno investigar las motivaciones de la aprobación, porque fue la mayor y descarada evasión de impuestos que he visto en mi vida».
«Bueno. Ya tenemos otra Comisión. La Comisión del 127», le respondió Guevara, quien propuso promover una investigación desde el Congreso para aclarar las circunstancias de la emisión del decreto.
«Si usted necesita fondos para redoblar la lucha de la evasión fiscal, no dude en solicitarlos, porque si ya recuperamos $240 millones, si le metemos el doble, ya llegamos a los $2,000 millones en recaudación», sopesó el Diputado celeste, William Soriano, quien sentenció que «ya vamos a averiguar qué se hicieron los $280 millones, y quien pidió barrer esas auditorías».
El 31 de julio del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 763, que contiene reformas al artículo 175 del Código Tributario, que básicamente suspendía los plazos de caducidad de las fiscalizaciones y multas de la Administración Tributaria y se ampliaba a tres años.
La reforma hizo que todos los procesos de fiscalización de impuestos, correspondientes a períodos tributarios y ejercicios impositivos referentes a 2014 y 2015 se ejecutaran conforme a la ley.
No obstante, a inicios de mayo del 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional las reformas y moduló sus efectos, a modo que concluyeran hasta el 31 de diciembre de ese año. Fue cuando la legislatura, 2018-2021, por iniciativa del ex Diputado del PDC, Rodolfo Parker, aprobó el Decreto 127, que finiquitaba los procesos tributarios y ejercicios impositivos que la Dirección General de Impuestos Internos y Aduanas administraban.
El dictamen, aprobado con 44 votos de ARENA, GANA, PCN y PDC, hizo que las fiscalizaciones, procesos de audiencias y aperturas de pruebas o determinación de impuestos, disminución de saldos a favor, ajustes de remanentes de crédito fiscal o imposición de multas que no se hayan concluido, quedaban sin efecto.
El Diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, sostuvo que la suspensión de las investigaciones, fue por la sentencia de la Sala, que establecía que algunos casos se llevaron a cabo al margen de la ley, por otro lado, atribuyó la responsabilidad al anterior Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. «Quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda”, aseguró a la prensa.
“Tanto así, que el artículo 1 de ese decreto, establece que el Ministerio de Hacienda no va a tener responsabilidad por la omisión de los exámenes de expedientes tributarios. Habría que preguntarle a este tema es al Ministro de Hacienda de esa época”, manifestó el legislador, refiriéndose a Fuentes, quien fue el funcionario antecesor a Zelaya.
