Por: Redacción YSKL
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, procedió este lunes, al estudio de la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, para declarar imprescriptibles todos los delitos relacionados a corrupción.
Los Diputados de Nuevas Ideas, sugirieron al equipo técnico convocar a autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y miembros de la judicatura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para analizar el proyecto de decreto, el cual tendría retroactividad, una vez aprobado.
Según la iniciativa del Presidente de la República, presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, la modificación se aplicaría al artículo 32 del Código Procesal Penal en su inciso final, donde se incorporará la no prescripción para los delitos relativos a la administración pública como: peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio e impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, tráfico de influencias, desobediencia a particulares y desacato; establecidas en el Titulo XVI, capítulos II y III del Código Penal.
Sobre la retroactividad de la reforma, el Diputado César Reyes, de ARENA, señaló que habría una contravención entre el Código con las leyes especiales, debido a que algunas sí son prescriptibles; “me genera duda en leyes como la Ley de Aplicación de Usos de Productos para Tratamientos Médicos en Situación Excepcionales, más bien conocida como Ley Alabí, entonces ¿Cómo quedaría el combate a la corrupción sobre este tema?”, cuestionó, asimismo, propuso estudiar la viabilidad de la enmienda.
El parlamentario Walter Coto, aplaudió la retroactividad de la reforma y criticó las voces que han esgrimido contra la propuesta; “algunos buscarán algún fundamento, y van a querer buscar la Constitución, algunos se van a ir de manera gramatical, porque es la única manera de interpretarla que tienen, la Constitución se tiene que interpretar de manera sistemática, lógica y dogmática y ya ha dado luces, de que no se debe interpretar solamente gramatical”, explicó.
Por su parte, la Presidenta de esta comisión, Marcela Pineda, comentó que la corrupción se puede categorizar como delito de lesa humanidad, por la “afectación a derechos fundamentales”, que estipula el artículo 1 y 2 de la Constitución de la República.
“El artículo 1 y 2 de la Constitución es claro en establecer que el Estado está obligado a dar garantía a los derechos fundamentales, pero la corrupción generó, que el Estado no brindara todos los derechos a la población que están en estos artículos”, manifestó.
Al final de la jornada, se girará oficio para llamar a autoridades de la Corte, Fiscalía y Ministerio de Seguridad, para el lunes 23 de agosto; y para el lunes 30 del mismo, se convocará al Procurador de Derechos Humanos y Procuradora General de la República.
