Por: Redacción YSKL
Este mes de septiembre concluirán los 90 días que el Gobierno le dio al Órgano Legislativo para aprobar una Ley General de Agua, no obstante, pese a que más de cincuenta organizaciones de ambientales y sociales brindaron sus aportes a la Comisión creada para estudiar la propuesta, aún persiste la desconfianza de que sus sugerencias sean valoradas.
Así lo dejó entrever Antonio Baños, Director de Cáritas, quien aseguró que presentarán otro documento en donde expondrán 13 componentes que los Diputados no pueden dejar de lado para crear la nueva legislación.
“Hay una reforma constitucional que aprobó la legislatura pasada, el derecho humano al agua y saneamiento, en el artículo 2 y 69 y según la Constitución, por tanto, esta Asamblea debe ratificarlas, porque necesita dos aprobaciones. A partir de aquí surgen los otros 12 componentes”, explicó.
De acuerdo con Ana Isabel Aguirre, se debe permitir la participación ciudadana de las juntas administrativa de agua, ya que son quienes conocen la realidad y lo que sucede en la zona de descarga hídrica en sectores protegidos.
“Si nosotros no damos a conocer lo que pasa con el agua, entonces caeremos en estrés hídrico no intencional, porque se llevarán a cabo cientos de proyectos en torno al agua dejando de escuchar a la parte que está en el territorio”, manifestó.
La Comisión ad hoc que estudia la Ley General de Recursos Hídricos concluyó con las consultas para la creación de la normativa y comenzará con el articulado, mostrando un cuadro comparativo conforme a las propuestas que entregaron sectores de la sociedad.
Los diputados esperan presentar la ley este mes de septiembre.
La instancia legislativa tomó como base el proyecto de ley que presentó el Gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que consta de 164 artículos.
Según la Presidenta de la comisión, Sandra Martínez, los cuadros comparativos para corroborar la inclusión de propuestas será publicado en el sitio web de la Asamblea Legislativa y también podrán solicitarlo en físico.
Martínez también se comprometió a que las juntas de agua mantendrán su rol como abastecedoras y serán incluidas en la ley.
«Se va a trabajar de una manera más ordenada, con mayor seguridad y sin que nadie genere abusos o haga mal uso del recurso hídrico en El Salvador, esperen a que se consolide esta Ley del Agua», agregó.
La diputada Dina Argueta señaló que «ha llegado el momento de pasar del discurso a la acción […] Tenemos que trabajar porque la ley que no porque la diga un diputado, sino porque su contenido tenga la certeza que el bien más preciado como el agua no puede ni será privatizada, ese es parte de los compromiso que hemos asumido».
Las propuestas y observaciones
Entre las principales observaciones, se pidió a los diputados ratificar la reforma a la Constitución de la República de derecho humano al agua y a su saneamiento, primera aprobación que desarrolló la anterior Asamblea Legislativa.
También añadir las juntas de agua para una gestión comunitaria del recurso, para que tengan un tratamiento especial.
Agregar una regulación a distintos usos del agua, ya que aunque se expone el uso doméstico, también hay usos industriales, agrícolas, de recreación, «hay que establecer regulación».
El artículo 61 de la ley gubernamental permitirá dar autorizaciones superiores a 473,040 metros cúbicos de agua al año por 15 años prorrogables, lo que ha sido señalado por organizaciones ambientales como una permisividad que favorece la industria cañera o de producción de bebidas carbonatadas.
Las organizaciones señalaron que no se especifica quién otorga los permisos para el uso, ni declaratorias de emergencia, ni los cobros del Estado para el aprovechamiento del recurso.
