Por: Redacción YSKL
Este lunes, la Colectiva Ecofeminista y Kawoq, presentaron un Amparo ante la Sala de lo Constitucional contra el Ministerio de Medio Ambiente por vulnerar derechos constitucionales en el proceso administrativo del otorgamiento del permiso ambiental a que habilita la construcción del megaproyecto «Ciudad Valle El Ángel», que se construirá en el municipio de Nejapa y Apopa, en el Departamento de San Salvador.
Según denunciaron, el proyecto transgrede derechos humanos, pues esta cartera de Estado habría ignorado 3,000 cartas de los habitantes de la zona, que advirtieron que pondría en estrés hídrico a unas 60 mil personas, pues la residencial se construye cerca del nacimiento de agua del río Chacalapa, una zona de recarga acuífera.
En marzo del 2019, las organizaciones presentaron una denuncia al Juzgado Ambiental de San Salvador, pidiéndole a este tribunal denegar los permisos ambientales. Para admitir esta solicitud, la instancia terminó por aceptar un alegato de la Sociedad Dueñas Hermanos Limitada, principal desarrollador, por lo que ordenó a ANDA entregar un informe de factibilidad de agua.
ANDA firmó un convenio con Dueñas Hermanos, para la extracción de 17 millones 280 mil litros de agua por día, para el proyecto urbanístico. Según la investigación del caso, en 2016, la empresa constructora realizó la firma de un asocio público-privado con ANDA para activar la infraestructura de desarrollo del proyecto de agua potable para Valle El Ángel y en el año 2019, la autónoma otorgó permisos para la perforación de los ocho pozos en zonas aledañas al lugar donde se realizaría la construcción.
En la referida demanda se expone una inconstitucionalidad, pues ANDA no estaría habilitada para otorgar una concesión para la explotación de un bien público (en este caso el agua), basándose en los artículos 86, 103 inciso tercero y 131 ordinal 30° de la Constitución de la República, que le atribuye esta función a la Asamblea Legislativa.
Según los ambientalistas, se transgredieron también los artículos 120 y 233, los artículos 103, el artículo 120, el artículo 131 ordinal 30 y el artículo 233 de la Constitución de la República, mismos que constituyen el régimen de las concesiones de los bienes como el subsuelo y todos los mantos acuíferos.
“El derecho a la vida y la salud serán vulnerados de completarse esto, el señor Ministro de Medio Ambiente se deshizo de las cartas, porque ahí fundamentamos porqué no queremos el proyecto, ya estamos viendo el impacto en las comunidades, esto atenta contra la vida humana, la biodiversidad, y lo que es peor, se garantiza derechos mercantiles de las empresas”, señaló Silvia Cortez.
La ambientalista afirmó que tres cuencas presentan daños irreversibles, en cuanto a su recarga se refiere.
Este proyecto implica el desarrollo de un “plan maestro” a ser ejecutado en seis etapas, en un plazo aproximado de 15 años, el cual incluirá servicios residenciales, comercios y prestación de servicios, de acuerdo con la resolución de fecha 1 de diciembre de 2020.
