Por: Redacción YSKL
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejó sin efecto el Decreto 127 aprobado por la Asamblea Legislativa en el año 2018, que eximía de auditorías fiscales a empresas señaladas de evadir impuestos.
Dicha ley, surgió como resultado de una sentencia de inconstitucionalidad a otro decreto que aprobaron los diputados en el año 2014, para extender auditorías fiscales a solo un año, cuando la resolución mandataba cuatro. No obstante, la Sala al declarar inconstitucional esta legislación, abre el paso al Ministerio de Hacienda, para realizar las auditorías necesarias a 368 empresas que quedaron fuera de esta ley, explicó el titular, Alejandro Zelaya.
Según el funcionario, los Magistrados determinaron que el decreto finalizaba de tajo los efectos legislativos temporales, es decir, el 31 de diciembre del 2018 era la fecha plazo, pero concluyó el 1 de octubre del 2018, 92 días antes.
“Básicamente, la Sala ha habilitado 90 días, a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas, para que se recuperen los $280 millones que perdió la administración tributaria por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del (ex) Diputado Rodolfo Parker perdonó en el año 2018”, señaló Zelaya.
De los 368 casos, 313 corresponden a evasión de impuestos que ascienden a $139 millones, todos están arriba del 50% de su etapa final. Otros 55 casos están relacionados a la Dirección General de Aduanas, 22% responden a grandes contribuyentes por $9.6 millones.
Zelaya en su momento pidió a la actual legislatura, derogar el Decreto 127, con fecha de 26 de septiembre del 2018, en el cual, eximió de potestad a la Dirección de Impuestos Internos de auditar a varias empresas que eran investigadas por supuestamente evadir cerca de $280 millones, en el período 2014-2015.
El 31 de julio del 2014, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 763, que contiene reformas al artículo 175 del Código Tributario, que básicamente suspendía los plazos de caducidad de las fiscalizaciones y multas de la Administración Tributaria y se ampliaba a cuatro años.
La reforma hizo que todos los procesos de fiscalización de impuestos, correspondientes a períodos tributarios y ejercicios impositivos referentes a 2014 y 2015 se ejecutaran conforme a la ley.
No obstante, a inicios de mayo del 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional las reformas y moduló sus efectos, a modo que concluyeran hasta el 31 de diciembre de ese año. Fue cuando la legislatura, 2018-2021, por iniciativa del ex Diputado del PDC, Rodolfo Parker, aprobó el Decreto 127, que finiquitaba los procesos tributarios y ejercicios impositivos que la Dirección General de Impuestos Internos y Aduanas administraban.
El dictamen, aprobado con 44 votos de ARENA, GANA, PCN y PDC, hizo que las fiscalizaciones, procesos de audiencias y aperturas de pruebas o determinación de impuestos, disminución de saldos a favor, ajustes de remanentes de crédito fiscal o imposición de multas que no se hayan concluido, quedaban sin efecto.
El Diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, sostuvo que la suspensión de las investigaciones, fue por la sentencia de la Sala, que establecía que algunos casos se llevaron a cabo al margen de la ley, por otro lado, atribuyó la responsabilidad al anterior Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. «Quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda”, aseguró a la prensa.
“Tanto así, que el artículo 1 de ese decreto, establece que el Ministerio de Hacienda no va a tener responsabilidad por la omisión de los exámenes de expedientes tributarios. Habría que preguntarle a este tema es al Ministro de Hacienda de esa época”, manifestó el legislador, refiriéndose a Fuentes, quien fue el funcionario antecesor a Zelaya.
