«No hay exenciones para el pago de cánones; es decir, nos mandan a pagar por agua y vertidos a todos por igual, incluyendo a los que no nos lucramos de hacer uso del agua, como sí lo hacen las empresas», fue una de las principales críticas de la Alianza contra la Privatización del Agua al articulado de la Ley de Recursos Hídricos, que ya fue aprobado por los diputados en la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones que aglutinan la Alianza, señalaron que aún el nombre de la ley es erróneo, pues el agua debe concebirse como un bien público, más no como un recurso.
Los ambientalistas apuntaron que la ley, que ya tiene 122 artículos aprobados de 164, «no resolvería el problema de agua de la población».
«No garantizará la protección de los mantos acuíferos, que no habrá participación social y comunitaria; que la ley beneficiará principalmente a los grandes sectores económicos interesados en explotar y comercializar con el agua», aseguraron en una manifestación este martes.
Las criticas se dirigieron a los legisladores que forman la mayoría del pleno, Nuevas Ideas, así como al Gobierno mismo.
«Lo que no dirán (los diputados) es que la gente pagará los altos costos a las empresas a quienes ellos concesionen para brindar los servicios a la población, haciendo prevalecer medidas neoliberales que hacen creer que las empresas privadas administran mejor los recursos que los entes públicos o que las organizaciones comunitarias sin fines de lucro», dictaron.
La Alianza expuso que no se han tomado en cuenta las propuestas de las organizaciones en la formulación de la normativa.
«e reconoce nominalmente el derecho humano al agua, pero no al saneamiento; se reconoce el carácter público del agua, pero nada obliga al Estado a abastecer de estos servicios a los y las usuarias; no hay exenciones para el pago de cánones; es decir, nos mandan a pagar por agua y vertidos a todos por igual, incluyendo a los que no nos lucramos de hacer uso del agua, como sí lo hacen las empresas», añadieron.