Una petición de reforma a la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de la salud publica ocasionadas por la pandemia”, llamada por internautas como «Ley Alabí», fue presentada por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa, petición que ingresa este martes a la sesión plenaria.
Con esta normativa, aprobada en junio pasado, médicos, enfermeras y farmacéuticas serán inmunes a demandas penales y responsabilidad civil por reclamos en la administración o uso de tratamiento para atender el COVID-19.
Según el Ministro de Salud, Francisco Alabí, esta ley responde a exigencias de las farmacéuticas que distribuyen el antídoto contra el coronavirus.
La ley fue tildada como una ley de inmunidad o blindaje ante compras irregulares en la pandemia de COVID-19, también criticada por su retroactividad; es decir, que aplicará en casos previos a su aprobación.
Este martes se conoció el cambio solicitado por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y es relativa a la inmunidad mencionada en el artículo 4.
Se pide añadir: «La inmunidad otorgada por el presente artículo, no se extiende a ningún acto de fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería, tráfico de bienes robados o actividad delictiva similar, derivada de la prestación de cualquier producto o servicio relacionado con la situación de salud pública causada por la pandemia de Covid-19».
