La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió dictamen desfavorable a la solicitud de organizaciones feministas en despenalizar el aborto consentido, que fue introducida a la Asamblea Legislativa por la diputada Anabel Belloso y el legislador Johnny Wright.
Se trata de la modificación al artículo 133 del Código Penal, que actualmente castiga cualquier tipo de aborto; incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos.
Los diputados de Nuevas Ideas aseguraron que la reforma sería inconstitucional y que además «su fe cristiana» se los impide.
«He hablado con personas que han abortado y psicológicamente están mal», dijo la legisladora cyan, Evelyn Merlos.
«No estamos a favor del aborto, estamos a favor de la vida, no podemos tener otra explicación de otro lado, el soporte legal ahí está», añadió Mauricio Ortiz.
«Ya hay un política sobre la protección ante embarazo de riesgo, la política publica que se debe fortalecer es el sistema de salud, a mejorar la educación y evitar embarazos no deseados en menores de edad, también fortalecer la seguridad para evitar embarazos no deseados por algún delito. La naturaleza le da la capacidad a las mujeres de traer a una persona, también la naturaleza es la que impide que algunas mujeres puedan hacerlo. Si tanto queremos a las mujeres, que sea la naturaleza que decida», sostuvo Giovanni Zaldaña.
No obstante, la diputada del FMLN, Dina Argueta, destacó que se debía estudiar la reforma desde el punto de vista técnico y no tomar una decisión apresurada.
«Hemos tenido casos de grandes desigualdades, se condena a las mujeres a situaciones que no buscan, que no las propician, sino que el mismo sistema se ha encargado Para una mujer que tiene la posibilidad económica fácilmente se va a otro país a hacerlo. Pareciera que cuando conviene, agarramos la constitución, cuando no importa, la violentamos. El Estado es el responsable de las vidas de las mujeres que se pierden en este país, como Beatriz, no solo se conoció aquí, sino fuera de sus fronteras», aseveró.
La actual legislación determina que las mujeres, de ser encontradas culpables, las penas varían de los dos a los ocho años. No obstante, en muchos casos el delito se cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 40 años de prisión.
Cifras salvadoreñas del primer trimestre del 2021, reportan 6,938 niñas y adolescentes embarazadas, superando la cifra de 2020, que fue de 6,839 casos.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas pro haber abortado.
La propuesta del aborto se había abordado en el paquete de reformas a la Constitución de la República que presentó el equipo ad hoc que lideró el Vicepresidente Félix Ulloa y que fueron presentadas al Presidente Nayib Bukele el 15 de septiembre pasado.
Ulloa expuso que se permitiría velar por los derechos del no nacido, como de la gestante, lo que abría paso a una legislación que regule la temática.
Sin embargo, Bukele rechazó estas reformas y dijo que serían vetadas.
En la Asamblea Legislativa ya se habían enviado a archivo una de las iniciativas sobre el aborto bajo cuatro causales: por trata de personas, riesgo de muerte de la madre, vida extrauterina inviable y cuando sea una niña víctimas de abuso sexual.
