Rubio, Samayoa y Acevedo, los nuevos citados a la Comisión que investiga sobresueldos

Imagen de referencia.
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Por: Redacción YSKL

El diputado Jorge Castro, presidente de la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, informó este martes que para el próximo jueves 28 de octubre, han sido citados el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, al presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico Social (FUNDE), y al expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Salvador Samayoa.

“Es necesario que ellos brinden elementos de juicio importantes para que esta comisión continúe el análisis pertinente para poder determinar y hacer la navegación específica dentro de los diferentes gobiernos que existieron y de los modos de operación que ellos efectuaban con los sobresueldos”, dijo el legislador.

Enfatizó que los referidos citatorios se hacen después de haber recolectado pruebas para determinar si los exfuncionarios tienen vinculación con la entrega de sobresueldos, conforme a declaraciones que ya dio en esta instancia, el ex presidente Elías Antonio Saca.

“El señor Rubio, fue miembro de la CND en el Gobierno de Armando Calderón Sol, el señor Samayoa estuvo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública entre 1998 a 2004, además fueron mencionados en el interrogatorio que hicimos al ex presidente Saca, condenado por corrupción, de igual forma el señor Acevedo fue presidente del Banco Central de Reserva en los Gobiernos del FMLN y tiene una vinculación sobre sobresueldos», señaló Castro.

El expresidente del BCR, Carlos Acevedo deberá comparecer ante la Comisión Especial a las 9:30 a.m., el presidente de FUNDE, Roberto Rubio a las 11:30 am., y el expresidente del CNSP, Salvador Samayoa a las 2:30 p.m.

Los tres citados escribieron en sus redes sociales que asistirán al llamado.

El legislador Castro dijo que en los próximos días se reunirán con un equipo fiscal para elaborar un documento de certificación para que el Ministerio Público emprenda acciones penales.