Por: Redacción YSKL
Este martes 2 de noviembre, dos organismos internacionales mostraron sus observaciones sobre el proceso de formación de la Ley de Recursos Hídricos, cuyo articulado, ya fue finalizado por la Asamblea Legislativa.
La Relatoría Especial sobre Derechos Humanos al agua potable y saneamiento; y la Relatoría Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible (ambas de la Organización de Naciones Unidas, ONU), remarcaron que es importante que el Gobierno de El Salvador promueva estos derechos en la Constitución de la República.
“Ambos derechos están relacionados, pero tienen características que justifican un tratamiento distinto para abordar los retos específicos derivados de su aplicación”, indica la misiva, la cual iba dirigida al Presidente Nayib Bukele.
En ese sentido, señalaron que debe generarse legislaciones para fundamentar el derecho al agua y otro cuerpo normativo para regular el saneamiento de la misma, conforme a lo que estipula el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el Gobierno salvadoreño en 1979; además Naciones Unidas ya reconoció estos derechos en el año 2010.
Comisión promete publicar propuestas y comparativo para creación de Ley de Recursos Hídricos
No obstante, la propuesta que elaboró en su mayoría la bancada de Nuevas Ideas, refleja preocupación a ambas relatorías, pues el componente de saneamiento queda deficiente.
“La ausencia del derecho humano al saneamiento que incluya el tratamiento de las aguas residuales y de los lodos fecales, más allá de las consideraciones sobre permisos y cánones por vertidos que aparecen en la actual Iniciativa de Ley. Esto nos preocupa profundamente, ya que la inexistencia o la inadecuación de las instalaciones de saneamiento, así como las graves deficiencias en la gestión del agua y el tratamiento de las aguas residuales, pueden afectar negativamente al suministro de agua y al acceso sostenible al agua potable”, aseveraron.
Proyecto desconoce las Juntas de Agua
En cuanto a las entidades comunitarias rurales, las relatorías también cuestionaron que solo dispongan de permisos de extracción de agua para 5 años (sujeta a ampliación), mientras que las empresas gozarán de 15 a 30 años, con prorrogables de 15. Según se prevé en los artículos 58 y 63 de la iniciativa, las empresas privadas no necesitarán presentar un permiso ambiental para extraer el vital líquido.
