Por: Redacción YSKL
Un grupo de organizaciones de ambientalistas, junto a la Mesa de Iglesias y representantes de la Universidad Centroamericana (UCA), se apostaron en las afueras de la Asamblea Legislativa, para reclamar una revisión del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, cuyo articulado concluyó el jueves 21 de octubre.
Unos 65 colectivos propusieron a los parlamentarios que el agua sea un bien público, tanto en la Constitución de la República, como en la legislación secundaria y que contenga un enfoque de cuenca para evitar daños en los acuíferos y ecosistemas.
No obstante, denunciaron que la propuesta que ya se elaboró no contiene los insumos.
“La ley que se aprobará carece de aspectos esenciales para la equidad y sustentabilidad del agua. Además, se eliminan los consejos consultivos, comité de cuencas y organismos de participación ciudadana que se propusieron desde el principio”, señaló Roberto Calles de la Alianza contra la Privatización del Agua.
Y añadió: «El Río Lempa, que es una reserva estratégica acuífera, pero la ley tampoco crea un régimen de administración especial para el rio y los diputados no abordaron tampoco la Planificación Hídrica».
Comisión concluye articulado de Ley de Recursos Hídricos; organizaciones dicen que hay privatización
Por otro lado, dijeron que los permisos de extracción de agua beneficiarán aún más a las empresas, ya que obliga a pagar un canon límite de hasta 30 años, cuando las 2,500 juntas de agua en el país, tendrían solo 5. “Esto incrementará la impunidad en el despojo de agua. Y como la ley deja fuera los permisos ambientales, significa que al gran empresariado no le importará dejar sin agua a las comunidades porque tendrá un período largo para concesionar esos recursos”, advirtió Jorge Ruíz, uno de los miembros del Foro del Agua.
Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social de la UCA, infirió que la ley no resuelve las adjudicaciones de contratos de extracción de agua, poniendo de ejemplo el convenio que suscribió ANDA con Grupo Roble, empresa que desarrolla el proyecto Paseo del Prado, que le asigna más de 15 millones de litros de agua al día, cuando la misma legislación ya prevé que haya un límite de 1,000 metros cúbicos diarios, lo que se traduce en 1 millón de litros.
“Ese convenio le ha permitido la perforación de ocho pozos para extraer 400 litros por segundo ¿Cuánto se hace en el día? Esta ley no determina que ANDA será transparente a la hora de adjudicar la cantidad de agua que se le dará a las empresas, porque la Administración Salvadoreña del Agua (ASA), que quieren crear, tampoco la regula. Además, es la Asamblea Legislativa la que por Constitución debe concesionar el agua. Otro detalle es que los convenios contradicen lo que dice la ley que quieren aprobar, porque a las grandes familias económicamente poderosas se les dará aún más agua para extraer de lo que dice la propia ley”, matizó el académico.
