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Por: Redacción YSKL
Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolviera a Favor de Manuela, la Joven que fue encarcelada por una emergencia obstétrica, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, aplaudió el fallo y reiteraron las violaciones a los derechos fundamentales de los que fue víctima.
Para Morena Herrera, miembro de la organización, la condena pone en relieve las estrictas legislaciones que el Estado salvadoreño imponen a las mujeres que, por causas médicas, pierden a sus hijos y son responsabilizadas sin garantías de una defensa. “Ellas son de escasos recursos, no tienen acceso a una defensa legal que las proteja de un aparato estatal que desde los hospitales que las atienden, ya las están condenando”, señaló.
Jesús, el hijo de Manuela, expresó que la Corte reconoció el crimen contra su madre y se ha limpiado su nombre. “Nos hace entender que no investigaron, que ella estaba enferma, que podía dejar a sus hijos huérfanos, que su mamá estaba enferma y padecía de la presión, hicieron una injusticia, lo que hicieron con mi mamá fue injusto”.
"Nos hace entender que lo que hicieron con mi mamá no estuvo bien. No investigaron que estaba enferma, no investigaron que pudieran dejar a sus hijos huérfanos", Jesús, el hijo de Manuela expresó alegría con el fallo de la CIDH. pic.twitter.com/7gqrJ4905p
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) December 2, 2021
¿Qué ocurrió con Manuela?
Manuela -la familia ha pedido no revelar su nombre para honrar su memoria- era una mujer de escasos recursos económicos, analfabeta y vivía en una zona rural junto con su familia. En febrero de 2008, Manuela estaba embarazada. El 27 de febrero de 2008 sufrió una emergencia obstétrica y fue atendida en el Hospital de San Francisco Gotera, Morazán.
El personal médico concluyó que Manuela había tenido una preeclampsia grave postparto más anemia producida por pérdida de sangre importante. La médica que la atendió presentó una denuncia en contra de Manuela ya que su cuadro médico mostraba la ocurrencia de un parto, sin embargo, no tenía producto.
El 28 de febrero de 2008 la policía allanó la casa de Manuela y encontraron al interior de una fosa séptica un cuerpo de un recién nacido muerto. Manuela fue detenida ese mismo día “por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido” y esposada a la camilla donde se encontraba.
Entre marzo y agosto se llevó a cabo un proceso penal en contra de ella, y durante este tiempo permaneció detenida. El 11 de agosto de 2008 el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
La sentencia quedó en firme el 26 de agosto de 2008, ya que no se presentó ningún recurso en su contra.
Estando detenida Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y recibió tratamiento de forma tardía e irregular, por lo que falleció el 30 de abril de 2010.
La condena contra El Salvador
En su sentencia la Corte citó que el Estado menoscabó “la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud” de Manuela, así como la violación al derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de ésta.
El Organismo también dictaminó que Manuela tuvo una “emergencia obstétrica”, no un aborto como señaló la Fiscalía, y que en el caso existieron “falencias”, entre ellas que “la atención médica no fue aceptable ni de calidad”.
La Corte IDH además señaló que hubo una falta por parte de El Salvador por «la criminalización arbitraria de una mujer por intentar acceder a servicios de salud reproductiva”.
Parte de la sentencia al Estado salvadoreño incluye “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” e implementar un protocolo de actuación para la atención de mujeres que “requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas”, que contemple la indemnización y atención psicología a los familiares de la víctima.
La Corte también explicó que «supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia», y que no dará por concluido el caso sino hasta que El Salvador haya dado «cumplimiento a lo dispuesto» en ella.
“La CIDH, ordenó al Estado Salvadoreño a limpiar el nombre de Manuela, a que se sepa la verdad, que ella enfrentó una emergencia obstétrica, que se le negó el derecho a la salud, el derecho a la vida, eso es lo que el Estado salvadoreño debe divulgar, la verdad de lo que ocurrió”, manifestó Sara García de la Asamblea Feminista, una organización que acompañó la causa ante instancias internacionales.
En tanto, la representante del Centro para Derechos Reproductivos, Carmen Cecilia Martínez, la resolución de la CIDH es de obligatorio cumplimiento para el gobierno de El Salvador. «Es vinculante porque el Estado está suscrito a varios tratados, entre estos el de la Corte».
