Por: Redacción YSKL
El ex ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se presentó voluntariamente al Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, para entregarse a las autoridades, luego que un tribunal de mayor rango, revocó la detención provisional de la cual gozaba desde hace un mes.
Ramírez Landaverde junto a 19 ex funcionarios, están acusados de Peculado, Lavado de Dinero, Cohecho Impropio, Falsedad Documental Agravada, Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes, por supuestamente desviar $14 millones de las tiendas de la Dirección de Centros Penales a cuentas a nombre de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO).
El también comisionado de la Policía, afirmó que se someterá a la detención en su contra, alegando su inocencia. «Es un caso que tiene connotaciones eminentemente políticas, vamos a luchar por lo que tenemos, a pesar que nos han privado de libertad, de nuestro salario, nuestra posibilidad de apoyar a nuestra familia», dijo Ramírez Landaverde a la salida del juzgado.
A los acusados el Juzgado 6° de Paz, les había otorgado medidas alternas a la detención, tras haber demostrado arraigo y contar con pruebas que no iban a huir del proceso, iban a presentarse a firmar a la sede judicial. Sin embargo, la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador revirtió la resolución en virtud que la mayoría de imputados, trabajaron en la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad, y esta sería causal para «obstaculizar» las investigaciones y, por ende, huir.
«Que nosotros influyamos en el proceso, no tiene fundamento, algunos todavía prestamos servicio de la PNC, pero la investigación es en Centros Penales, no tenemos forma de influir en la investigación», sostuvo el exministro.
Ramírez destacó que el mismo proceso ha sido investigado en otras instancias, como procesos internos de la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y un proceso contencioso administrativo.
«En todos hemos ganado», aseveró.
El caso
Los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Centros Penales y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ligados a presuntas irregularidades en el manejo de $14 millones de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) enfrentan proceso por Actos arbitrarios, Peculado, Cohecho impropio, y Falsedad ideológica.
Los acusados:
En este caso figuran como imputados presentes: Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, ex Ministro de Justicia y Seguridad, en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén; Marco Tulio Lima Molina, ex Director de Centros Penales; Raúl Antonio López, ex Viceministro de Seguridad; José Roberto Nóchez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos, todos pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio y Centros Penales.
También hay imputados que no se presentaron en tribunales como Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Carlos Orlando Fernández, Daniel Antonio Saget Menjívar, José Neftaly Batres Serpas, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
Los mencionados habrían realizado movimientos sospechosos de los fondos por medio de la ANDA. La defensa cuestionó que no añadiera al proceso al expresidente de la autónoma, Frederick Benítez.
La captura
La captura en septiembre pasado, con la que inició el proceso, proviene de un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019 por el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, luego que la Organización No Gubernamental (ONG) manejara fondos de las tiendas penitenciarias que corresponden a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y que los recursos no pudieran ser auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Los exfuncionarios eran directivos de Asocambio.
La ONG creada en 2018 se encargaba de financiar, promover, desarrollar y administrar dichos recursos en las 347 tiendas penitenciarias con lo que generarían fondos para el beneficio de la población de reos y también contrataría personal médico y administrativo para las necesidades.
Asocambio recibió $14 millones en un año, manejo de fondos que no fue auditado por no se parte de las arcas del Estado, sino de una asociación, donde no tiene jurisdicción.
Según la Fiscalía, los fondos fueron utilizados para otros fines, entre ellos, pagos adicionales de salarios, supuestas plazas fantasma, cuentas bancarias y compra de vehículos.
Las investigaciones apuntan que los exfuncionarios que dirigían la organización realizaron compras de la institución fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
