Por: Redacción YSKL
Este lunes, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron el diagnóstico sobre el estado de la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador, correspondiente al año 2021.
El Consorcio por la Transparencia, Acción Ciudadana, Cristosal, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC). el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y la Universidad Centroamericana (UCA), determinaron que en el último año, la lucha contra la corrupción se ha visto reducida, lo que ha afectado inherentemente al sistema institucional que garantiza el equilibrio de poderes de Estado.
Dichos retrocesos, según el grupo, se profundizaron cuando el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista destituyó a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República; asimismo, la destitución de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen más de 60 años.
En cuanto a acceso a la información pública, el informe establece que se debilitó con la pandemia del COVID-19, «persisten los abusos en las declaratorias de reserva de información de las instituciones del Estado», dijo Xenia Hernández, miembro del Consorcio. «Ejemplo de ello es que el Ministerio de Salud puso en reserva el Plan Nacional de Vacunación, el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación por COVID-19 y los procesos de adquisición de vacunas contra COVID-19», señaló.
El informe también dedica un apartado sobre el trabajo de los Diputados. En ese sentido, cuestionan que propician la impunidad al aprobar proyectos del Gobierno como la Ley Bitcoin, la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública.
«Es alarmante la promoción de propuestas que atentan contra derechos fundamentales como de la libertad de expresión y de prensa, así como los derechos de acceso a al información, de manifestación y asociación», aseveró Dionisio Guerrero, del CEJ.
Hallazgos
La situación no vislumbra voluntad política para impulsar cambios que permitan enfrentar los desafíos, se lee en el reporte. Uno de estos es que se ha deteriorado el balance de poderes, ante la toma de las instituciones contraloras. «Esto ha incrementado el abuso de poder y violaciones a derechos fundamentales», reza parte del reporte.
El espacio cívico se ha cooptado. El diálogo entre actores estatales con otros sectores de la sociedad y la discusión de normativas o políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población también ha cerrado su porcentaje.
Las vulneraciones a derechos de asociación, expresión, prensa, acceso a información, privacidad y protección de datos personales, también se han visto vulnerados, esto se refleja en las denuncias que han consignado las organizaciones.
Instituciones mal evaluadas
La Asamblea Legislativa por aprobar hasta 27 proyectos de ley enviados por la Presidencia, los cuales se han caracterizado por falta de discusión, abuso de dispensa de trámite, aprobación exprés de las leyes y reformas sin participación ciudadana. Asimismo, elecciones de funcionarios de segundo grado de forma opaca.
La Corte Suprema de Justicia, por permitir reformas a la Ley de la Carrera Judicial sin aplicar un proceso de selección de nuevos jueces así como emitir resoluciones «no apegadas a derecho, irrespetando la Constitución y compromisos internacionales».
La Fiscalía General de la República por finalizar el convenio de cooperación con la CICIES, un organismo que investigaba supuestas irregularidades en la pandemia cometidas por instituciones Gubernamentales; además de la separación de 160 fiscales, entre ellos los de la unidad anticorrupción.
El Instituto de Acceso a la Información Pública ha «acentuado» su falta de autonomía e independencia, señala el informe. «Se ha convertido en una institución irrelevante para la defensa del derecho fundamental de acceso a la información pública», infirió Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. «Muestra de ello es la suspensión del proceso de evaluación del desempeño de los entes obligados, que por ley se tiene que dar a conocer cada año, este año se dio esta situación», remarcó.
"Este acceso a la información que se había conseguido, ese desarrollo del IAIP, retrocedió a partir de la entrada del gobierno actual y con la pandemia y la asunción del gobierno de Nuevas Ideas…terminó de romper esa construcción de transparencia", @esec76, de @CiudadanaAccio1. pic.twitter.com/7Qcx7PJM4A
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) December 6, 2021
Indicadores internacionales
El Índice del Estado de Derecho del World Justice Project (2021) muestra a El Salvador con un puntaje global de 0.48 (donde 1 es el mayor puntaje y 0 el menor). El índice mide 8 factores, entre ellos, la ausencia de corrupción y el gobierno abierto: el primero de ellos, el país obtuvo 0.36 y en el segundo 0.51. Los resultados reflejan debilitamiento y retos mayores en la lucha contra la corrupción y transparencia.
El Salvador obtuvo puntaje de 36/100 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, donde 0 indica mayor nivel de corrupción y 100 mayor transparencia.
El Índice Mundial de Libertad de Prensa de este año, coloca a El Salvador en la posición 82 de 180 escaños, experimentando una caída de 8 puestos, respecto al 2020. Calificación que lo sitúa en la categoría «problemática», lo que refleja que se trata de un Estado en el que hay muchos ataques y amenazas en contra de los miembros de la prensa.
En lo relativo a Espacio Cívico, el país ha sido catalogado como «Estado obstruido» por el Índice Civicus Monitor 2021, esto significa, que se ha puesto en relieve restricciones prácticas y legales para el disfrute de los derechos fundamentales.
