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Por: Redacción YSKL
De acuerdo con una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado salvadoreño debe investigar, procesar y sancionar a los funcionarios que bloquearon las pesquisas a los archivos militares en manos del Gobierno que ordenó el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, como parte de las diligencias del caso de la masacre de El Mozote y Sitios Aledaños.
Esta instancia judicial ordenó la inspección de archivos militares relacionados a operativos realizados en el oriente del país, con el fin de determinar que el Ejército fue conocedor del operativo que dejó 989 víctimas el 10, 11 y 12 de diciembre de 1981.
No obstante, las seis sedes castrenses a las que se les ordenó la apertura de los expedientes se negaron a brindar el acceso, alegando que por “órdenes superiores” no podían dar paso a los mismos.
Según el escrito dado a conocer el 6 de enero pasado, la CIDH ordenó investigar la conducta de los funcionarios que obstaculizaron las inspecciones y permitieron que “permaneciera en impunidad”, asimismo, “aplicar las sanciones administrativas quienes fueran encontrados responsables”, con base al debido proceso.
Entre las sedes militares que impidieron el acceso está el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Comando de Fuerzas Especiales, la Segunda Brigada Aérea, la Brigada de Artillería, la Tercera Brigada de Infantería y el Destacamento Militar No. 4, en San Francisco Gotera, Morazán. Estos bloqueos ocurrieron pese a la resolución de la Sala de lo Constitucional que le indicaba a la FAES que no tendría excusa para impedir el acceso a los archivos del caso.
El ex juez, Jorge Guzmán, quien dirigía la jurisdicción de San Francisco Gotera, encabezó las delegaciones de funcionarios judiciales y fiscales que intentaron revisar los archivos. La Fuerza Armada, por medio de oficiales que no daban sus nombres se negaron a obedecer las órdenes judiciales.
En una cadena nacional del 11 de noviembre del 2020, el Presidente Nayib Bukele se pronunció al respecto reprochando el papel de las instituciones, a las que acusó de seguir un guión de la oposición del FMLN, con el fin de obtener la información para divulgar la estrategia de seguridad que actualmente acompaña el Ministerio de Defensa.
Bukele aseguró en esa ocasión que entregarían los archivos que tuvieran en mano, días después, un legajo de documentos fue entregados al Juzgado, pero no contenían mayor información, por lo que las autoridades apuntaron que fueron “destruidos” por administraciones anteriores.
La Corte IDH expuso que el Estado podría ir en contra de un derecho que les confiere a las víctimas de delitos de lesa humanidad, al no investigar la masacre. En tanto, evaluaron positivamente el trabajo de Guzmán, que ya se encontraba en la fase final de la etapa de Instrucción, lo que significa que el caso podría pasar a juicio. Guzmán fue removido de su cargo en octubre del año pasado, pues cumplía con los requisitos que establecen las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que aprobaron el bloque de diputados oficialistas; esta estatuye que aquellos de 60 años de edad o 30 en la carrera judicial debían dejar el cargo y pasar a un régimen de disponibilidad que será manejado absolutamente por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte IDH emitió una resolución ante los informes solicitados al Estado salvadoreño como seguimiento al caso penal de la Masacre de El Mozote, donde dictó una supervisión reforzada tras «impactos dilatorios» en el proceso.
El organismo también realizó una audiencia de seguimiento de la sentencia emitida en el 2012 donde estableció que el Estado salvadoreño debía investigar los hechos en la Masacre de El Mozote.
La supervisión reforzada será sobre la medida de reparación de investigación de los hechos, mediante un seguimiento constante sobre su cumplimiento.
El fallo indica que la Corte solicitará informes cada tres meses al Estado mientras siga la situación.
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La preocupación
Según la revelación de la resolución en medios internacionales, se indica que la CorteIDH «observa con extrema preocupación que (…) la causa estaría totalmente paralizada desde abril de 2021» a raíz de «una serie de recursos por la defensa de los acusados e, incluso, algunos por la propia fiscalía», que tuvieron un efecto «dilatorio de la investigación».
«Las autoridades estatales han mantenido la posición de negativa y falta de colaboración para brindar información relevante para la investigación del caso, impidiendo que el juez de la causa llevara a cabo las inspecciones ordenadas en el marco de dicho proceso», añade.
Petición de medidas por depuración de jueces
La Corte ya había ordenado al Estado salvadoreño rendir un informe sobre el impacto de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial en el caso penal de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y sancionadas por el Presidente Nayib Bukele depuraron a jueces por tener más de 60 años de edad o 30 años en funciones, entre ellos, el juez que conocía el caso, Jorge Guzmán, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
Las organizaciones Tutela legal María Julia Hernández y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de víctimas, acudieron a la Corte para exponer las reformas que podrían paralizar el caso penal que está por pasar a una fase de juicio contra más de 17 militares por la matanza de 1981 en el contexto del Conflicto Armado.
La Corte pidió el informe a las autoridades de El Salvador el 14 de septiembre, mismo día que fueron publicadas las reformas en el Diario Oficial y que tendrán vigencia 8 días después.
El informe debía entregarse el 24 de septiembre, pero el Estado solicitó una prórroga hasta el 28 de septiembre.
Las organizaciones pidieron que la Corte decrete la inaplicabilidad de las reformas por la posible paralización del proceso.
Sobre la Masacre
La Masacre de El Mozote fue el nombre que se dio al conjunto de masacres contra población civil que realizó la Fuerza Armada a través del batallón Atlacatl en un operativo de contrainsurgencia de los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en el departamento de Morazán, específicamente en los cantones El Mozote, La Joya y Los Toriles.
¿Quiénes fueron los responsables según el peritaje?
La perito del caso judicial, Terry Lynn Karl, declaró en la audiencia especial de anticipo de pruebasque ordenó el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo del juez Jorge Guzmán, donde señaló a José Guillermo García, ministro de Defensa entre octubre de 1979 y abril de 1983, Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada en 1981, Francisco Castillo, ex viceministro de Defensa, Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea entre 1979 y 1989; el comandante de la Tercera Brigada, Jaime Ernesto Flores Grijalva, el comandante del Batallón Atlacatl, Domingo Monterrosa, el segundo al mando del Batallón Atlacatl, Natividad de Jesús Cáceres Cabrera.
Pero además, a los seis comandantes de compañía del Batallón, quienes habrían ejecutado la masacre.
Se trata de los militares Juan Ernesto Méndez Rodríguez; Mauricio Isaac Duque «Duke» Lozano, Roberto Alfonzo Mendoza Portillo, Juan Horacio Martínez Martínez, José Antonio Rodríguez Molina, Walter Oswaldo Salazar Martínez, cada uno dirigía las compañías.
