Ambientalistas piden al Presidente modificar la Ley de Recursos Hídricos para exonerar de cánones a las juntas de agua comunitarias

Comunidades que habitan la Hacienda La Labor en Ahuachapán, condenaron la detención de líderes que se opusieron a la extracción de agua por parte de una empresa que construye proyectos habitacionales. Foto: Cortesía.
Comunidades que habitan la Hacienda La Labor en Ahuachapán, condenaron la detención de líderes que se opusieron a la extracción de agua por parte de una empresa que construye proyectos habitacionales. Foto: Cortesía.

Por: Redacción YSKL

Los miembros del movimiento califican la ley de “privatizadora y a favor de las grandes empresas que ven el agua como una mercancía”.

La aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos por parte de la Asamblea Legislativa, el 22 de diciembre del 2021, ha causado el rechazo de diferentes sectores que consideran que la normativa no contiene las propuestas y observaciones que realizaron a la Comisión ad-hoc que hizo el estudio.

Los diputados de la bancada de Nuevas Ideas han manifestado en reiteradas ocasiones que han tomado en cuenta todas las voces de la sociedad para la conformación de la nueva ley en donde también se establece que “el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición”.

Pese a esto las organizaciones y comunidades aglutinadas en el movimiento ciudadano le exigen al presidente de la república, Nayib Bukele, observe o vete dicha ley para que esta regrese al órgano legislativo y que los diputados realicen los cambios pertinentes con relación con algunos artículos, específicamente el 71 que establece los tiempos, cantidades de uso y explotación del agua.

Además solicitan se incorpore un régimen especial sobre gestión comunitaria del bien hídrico en el cual se exonere del cobro de cánones a las juntas de agua que trabajan con comunidades en donde la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA no presta su servicio.

El representante del Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) Guillermo Navarro, manifestó que también están pidiendo a los parlamentarios que ratifiquen las reformas constitucionales en el artículo 2 y 69, en donde se reconoce el agua y la alimentación como derechos humanos.

La organización hace el llamado a la población estar atentos a las acciones que realizará el Ejecutivo a fin de que en caso la ley sea sancionada, puedan hacer uso del derecho de protesta y movilización para manifestar su denuncia ante lo que ellos consideran “atropellos a los derechos humanos”.