Foto: Cortesía
Por: Redacción YSKL
La Colectiva Amorales y familiares de Fernanda Nájera, se presentaron este viernes a los Juzgados integrados de Santa Ana para darle seguimiento a la audiencia preliminar por el delito de feminicidio en perjuicio de la joven.
Por este caso está siendo procesado Michael Castillo Murga, ex pareja sentimental y con quien procreó un hijo.
El Juzgado Especializado de Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para Las Mujeres (LEIV) de Santa Ana había programado para este viernes la audiencia, pero fue nuevamente postergada. Esta es la sexta ocasión desde que inició el proceso judicial en 2018.
La colectiva ha denunciado que este caso ha puesto en evidencia las ineficiencias del sistema judicial salvadoreño, después de 5 audiencias suspendidas y sin existir la aprehensión del procesado. En ese sentido, exigen al juzgado que dé a conocer los motivos del porqué todas las audiencias han sido suspendidas.
“Por A o B motivo, siempre están buscando generar la suspensión de este caso” dijeron.
La madre de la víctima dijo que “espera que se haga justicia, que se haga un poco de justicia aquí en la tierra, ya que la justicia total Dios la va a dar”.
Los padres y abogados de la víctima afirmaron que esta vez la suspensión se dio por que la Jueza que lleva el caso habría dado positivo a COVID-19.
La última vez que los padres de Fernanda Nájera la vieron con vida fue el 31 de enero de 2018, cuando madre e hijo, entonces de un año siete meses, salieron de su casa y se fueron en el auto de Castillo Murgas, llevándoselos con la promesa de que arreglarían los “papeles” para que el niño llevara el apellido de este, que en un primer momento le había negado.
La joven fue encontrada asesinada, el 2 de febrero de 2018, con signos de tortura, en una cuneta en la carretera que conecta el municipio de Ataco con Ahuachapán; y un día después su hijo fue localizado por agricultores que alertaron a la policía que habían encontrado al menor abandonado, desorientado, deshidratado y picado por insectos en medio de un cafetal en Ataco.
Castillo Murgas, según las investigaciones, es el autor intelectual del crimen y para ocultar las evidencias del feminicidio, fue apoyado por cuatro personas más, entre ellas, su abuela: Edith del Carmen Rivas de Murga; la novia que tenía en ese momento, Jacqueline Alejandra Martínez Herrera; el médico Roberto Arturo Valdivieso López, y el ex fiscal Donald Augusto Valdivieso López.
Este último habría admitido, el 19 de enero 2022, haber encubierto al acusado, a cambio de que se suspendiera el proceso de forma condicional en contra de él.
La abuela del imputado es una prominente empresaria de Ahuachapán, por lo que en las primeras fases de las audiencias se dijo que habría acordado con el fiscal entorpecer el proceso, supuestamente.
Hasta el momento ninguno de los implicados se encuentra en detención.
Castillo Murgas, según se ventiló en las audiencias, posee ciudadanía estadounidense, por lo que se presume que se encuentra en aquel país.
