Juicio contra exdiputado suplente por lavado de dinero continuará hasta el 21 de febrero mientras se espera informe de Migración

Foto: Centros Judiciales.

El juicio contra el exdiputado suplente, Roberto Carlos Silva Pereira, acusado por el delito de lavado de dinero y activos y cohecho activo, se retomará hasta el próximo 21 de febrero en el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador.

El acusado ya rindió su declaración indagatoria, en la cual manifestó que es inocente de los delitos que se le acusan y su versión de cómo sucedieron los hechos, asimismo solicitó al Tribunal que se librara oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería para que informe de qué manera fue ingresado al país, procedente de los Estados Unidos, como deportado o como extraditado, a lo que el Tribunal de forma colegiada accedió, luego se incorporó la prueba documental y se procedió a realizar los alegatos finales.

En la siguiente jornada, las juezas informarán a las partes sobre el resultado del informe de Migración y consultar al Ministerio Público si hará replica de alegatos de la defensa, posteriormente le dará el derecho a la última palabra a Silva, como lo establece la ley.

En total han declarado diez testigos desde el inicio del juicio el pasado 27 de enero. El exfuncionario ha estado presente de forma virtual en la audiencia desde el penal de Zacatecoluca, donde guarda detención.

Según la representación fiscal, el exdiputado presuntamente ofreció sobornos a varios alcaldes y ocultó cantidades de dinero, supuestamente obtenidas de manera ilícita de las municipalidades.

Silva habría mantenido negocios con un aproximado de 15 municipalidades de la zona oriental, a quienes presuntamente ofrecía el 10% del total de las obras, como sobornos, con el fin de que le adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); por lo que se le atribuye que lavó de esta forma $13.4 millones de dólares, de los cuales 11 millones ingresaron a sus cuentas personales y el resto a cuentas de sus sociedades.

Los hechos atribuidos al exlegislador suplente supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado suplente.