Cerca de $15 mil dólares fue el monto con el que se benefició a miembros de la Pandilla 18 Sureños en el Centro Histórico de San Salvador con los bonos de $300 que entregó el Gobierno en abril de 2020 por las afectaciones económicas de la cuarentena por COVID-19.
Este lunes inició una audiencia de vista pública en el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador contra 43 pandilleros por casos de extorsiones en el Centro de San Salvador, así como miembros de la Organización de Vendedores Independientes (OVI).
Según la representación de la Fiscalía General de la República (FGR), los pandilleros extorsionaban a los vendedores formales y los miembros de la OVI a los informales.
A los sujetos se les acusa de agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, extorsión agravada, conspiración en extorsión y tráfico ilícito de droga.
El fiscal del caso expuso que en esta acusación también se incluye a pandilleros que habrían negociados con el Gobierno para que les entregaran los $300 que cuando fue presentado por el Ejecutivo sería uno por familia.
«Hay pandilleros que se les dio entre 2 a 3 bonos que eran para una familia», señalo el Fiscal.
El beneficio se conoció a través de escuchas telefónicas, para el caso se cuenta con 60 testigos.
Hallazgos de la Corte de Cuentas
La Corte de Cuentas de la República (CCR) hizo una auditoría o examen especial sobre la transferencia de $300 a familias afectadas económicamente por las restricciones de movilidad a causa de la propagación del COVID-19 en el mes de abril de 2020, de la que se se conocieron anomalías el 15 de diciembre del mismo año.
En el mes de mayo, la Corte de Cuentas informó que habían algunos hallazgos sobre esta entrega, siendo cerca de 100 mil personas de las que se desconocía la base de datos utilizada.
Referida auditoría se realizó entre el 1 de marzo al 31 de julio del 2020 al Ministerio de Economía y la Secretaría de Innovación, quienes se encargaron de la logística.
Doble pago
Según la CCR, a pesar que el mecanismo que estableció el Gobierno indicaba que solo se otorgaría un subsidio por hogar o familia, se registraron casos en que parejas de esposos que residían en una misma vivienda recibieron el beneficio, o que representaban a un fallecido que apareció en el listado. Esto por un total de $9,300.
No se conoce base de datos de beneficiarios
De 1,104,036 beneficiarios “no se garantizó la confiabilidad, integridad y disponibilidad», reza parte del documento. Es decir, haciendo la sumatoria de los $300, son un total de $331,210,800.
Datos diferentes con bancos
Existe una diferencia de 45,498 registros e cuanto a los reportes bancarios.
No se habría seguido la LACAP para contratar servicio de bancos
De acuerdo con la Corte, la Secretaría de Innovación de la Presidencia seleccionó a las empresas que brindarían el servicio, sin pasar por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) del Ministerio de Economía.
Esto quiere decir que el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) destaca que el titular del ramo o de directiva debe razonar la solicitud de la contratación.
No se han liquidado los fondos
El examen especial expone que se hasta el 31 de agosto, el Ministerio de Economía aún no se ha liquidado $332,887,264.90 del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
