Por: Redacción YSKL
Representantes de comunidades y organizaciones ambientales de Guatemala y El Salvador, junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), se pronunciaron este martes contra el avance del proyecto minero Cerro Blanco, una mina a cielo abierto que amenaza la vida de comunidades transfronterizas y el rio Lempa que circunda ambas naciones.
El pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources desarrolladora de dicho proyecto, ubicado en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita trasformar la mina subterránea a una mina de cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana.
Sin embargo, en 2017 la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de Elevar Resources, adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que la empresa Entremares (Elavar Resources) nunca superó observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala sobre la viabilidad de la misma, y tampoco informó debidamente a la población de Asunción Mita (cerca de las excavaciones) sobre los graves impactos a la salud, medio ambiente y agua.
Los ambientalistas afirman que en 14 años, Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata, y que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007, solamente 19 se han construido. Sin embargo desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.
Sin haber comenzado la etapa de explotación, las organizaciones aseveran que la mina ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa, Güija y Lempa.
Los representantes de las comunidades afectadas exigen a las autoridades ambientales y de Gobierno que se realice un nuevo estudio junto a una evaluación integral de la cuenca que sea de carácter binacional.
En el comunicado, las organizaciones expresan que todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, trae prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades, los cuales no se contemplan en el actual estudio.
Julio González, activista del colectivo Madre Selva, manifestó que en el caso de Guatemala la minería representa apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto, “y en los últimos 20 años que se introdujo el tema minero en Centroamérica, identificamos que lo único que ha aumentado es la pobreza y la migración, y que son causales de las políticas de Estados Unidos hacia Centroamérica y que ha agravado el fenómeno migratorio”.
González agregó que han identificado en la región irregularidades que son producto de la presión de estas empresas transnacionales por hacerse con las licencias de explotación. «Es mentira que la minería traiga desarrollo”, explicó.
“Las políticas mineras favorecen a las grandes trasnacionales son producto de políticas de leyes que son reformadas periódicamente y que en el caso de Guatemala llegaron a un extremo de que a través del acuerdo 317-2019 se permite la actualización de estas licencias y permisos ambientales”, aseguró el representante de Madre Selva.
Aseveró que “la corrupción no solo ha permitido la entrega de nuestros recursos sino también la malversación de capitales que deberían ser destinadas al bien común. Y en ese sentido nos antecedió la experiencia de la CISI (Conferencia Internacional sobre la Contribución de los Criterios e Indicadores para la Ordenación Forestal Sostenible) que denunció que es a través del financiamiento electoral ilícito y la forma en que estas empresas financian a los futuros candidatos que van a tomar estas decisiones a que entren con facturas que deben de pagar a través de permisos y privilegios para estas empresas”.
Por su parte, Cidia Cortés, del Movimiento Ecofemnista de El Salvador, detalló que de acuerdo a un estudio científico realizado al Plan de Gestión Ambiental de la empresa Resource, establece una serie de inconsistencias que tiene este plan y una de ellas es: que el tonelaje de material seco, material estéril que van a extraer de la mina no tiene una certeza de cómo va a ser manejado y la empresa misma ha hecho estudios donde establece la elevada cantidad de arsénico, cobre y hierro que ese material estéril y esas colas tienen. «Eso significa que al entrar con contacto con lluvia habrá deslizamientos”, expuso.
Por lo tanto, estas organizaciones hacen un llamado a que la población también exija el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa, cuyas aguas son fuente de abastecimiento del Guija y el río Lempa.
Asimismo, exigen a los gobierno de Guatemala y El Salvador a que retomen con carácter urgente una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas compartidas.
Ambientalistas de Guatemala y El Salvador advierten que la minería a cielo abierto del proyecto Cerro Blanco amenaza el agua de los salvadoreños.
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) February 15, 2022
Vía @abiuyskl pic.twitter.com/i8rCfr4QwC
