Por: Redacción YSKL
Representantes de la Asociación Nacional Indígena Madre Tierra de El Salvador, se concentraron este viernes en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador, para conmemorar a las víctimas de la masacre del Cantón Las Hojas, en San Antonio del Monte, el 22 de febrero de 1983, en donde murieron 74 personas de orígen indígena y campesina.
La lidereza comunal, Elvira Cortez, exhortó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a abrir la causa penal, luego de que fuera cerrada producto de la promulgación de la Ley de Amnistía de 1993, aprovechando que la Sala de lo Constitucional, derogó esta normativa en el 2016.
Tras 39 años, los dolientes también esperan que la Fiscalía General de la República active las investigaciones, pues aseguran que ya presentaron las denuncias.
“74 personas indígenas murieron defendiendo la tenencia de sus tierras atacadas por el Ejército y las patrullas cantonales, que eran parte de los cuerpos de seguridad. Hay denuncias en la fiscalía hubo una investigación pero antes de dictaminar un proceso se detuvo con la Ley de Amnistía”, explicó.
Otra de sus demandas es que los Diputados de la Asamblea Legislativa, los tome en cuenta en las discusiones que se están desarrollando para elaborar la Ley de Justicia Transicional. Asimismo, la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que se refiere al otorgamiento de derechos a los pueblos originarios en la vida laboral.
Familiares y miembros de la comunidad indígena del departamento de Sonsonate piden a la @CorteSupremaSV que se investigue y se haga justicia por lo hechos ocurridos el 22 de febrero de 1983, en donde fueron asesinadas 74 personas del cantón Las Hojas. Vía @JvlGerardo pic.twitter.com/2Ng3sKAejn
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) February 18, 2022
Según el informe N° 26/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicada el 24 de septiembre de 1992, indica que los campesinos fueron asesinados por una guarnición de la Fuerza Armada, como parte de un patrullaje en el Cantón Las Hojas, del referido municipio situado en el Departamento de Sonsonate.
Todas las víctimas, de acuerdo a la investigación, fueron asesinadas con armas de fuego a quemarropa. La masacre fue cometida en forma premeditada por los elementos militares, con la participación de miembros de la defensa civil. Según la demanda que presentaron sobrevivientes de este hecho, la masacre se dio en medio de una disputa entre la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña, ANIS, y un empresario que poseía tierras cerca del lugar. En 1978, ANIS compró un terreno cerca del Cantón Las Hojas en el Departamento de Sonsonate. La propiedad de ANIS linda con la propiedad que pertenece a Alfonso Aráuz.
Aráuz solicitó un paso a través de la propiedad de ANIS para así reducir la distancia recorrida hasta la carretera principal. No se llegó a ningún acuerdo entre ANIS y el empresario. Y, supuestamente, en mayo de 1979 después de que ANIS sembró la primera cosecha, Aráuz intentó repetidamente cruzar la propiedad destruyendo cercas y cultivos de ANIS. Se inició finalmente una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Sonsonate. La demanda se resolvió a favor de ANIS.
La CIDH ordenó una «exhaustiva, rápida, completa e imparcial investigación sobre los hechos denunciados a fin de identificar a todas las víctimas y a los responsables; y someterlos a la justicia para establecer la responsabilidad a fin de que reciban las sanciones que tan grave proceder exige».
