Un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) declaró en el juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador contra 43 pandilleros por casos de extorsiones en el Centro de San Salvador, así como miembros de la Organización de Vendedores Independientes (OVI).
En este caso se incluye a pandilleros que habrían negociado con el Gobierno para que les entregaran los $300 que cuando fue presentado por el Ejecutivo sería uno por familia; según la Fiscalía General de la República (FGR), habrían recibido el beneficio entre 2 a 3 veces.
El investigador indicó que a través de intervenciones telefónicas a vendedores informales del sector de la Plaza Libertad que pandilleros y familiares no habían recibido los $300 del bono, entre ellos, dos palabreros, por lo que se organizaron para interceder ante el Ministerio de Trabajo.
Fue en abril de 2020, primer mes en el que se entregaron los bonos, que tres equipos de investigación de la PNC se apersonaron al lugar para darle seguimiento al caso, uno de ellos en dicha plaza, otro en el Ministerio de Trabajo y el tercero dando apoyo.
El testigo declaró que varias personas ingresaban a una oficina frente a la cervecería El Levantón y llevaban documentos, en el lugar estaban Norma Aguirre, dirigente del OVI, Marco Ulises Landaverde y José Audalí Lico, que luego se dirigieron al Ministerio.
En ese trayecto fueron intervenidos por agentes de la PNC y verificaron la documentación, que eran diversas copias de Documentos Único de Identidad (DUI).
La defensa de Aguirre aseveró que “es normal” que existan vendedores que tengan pandilleros como familia y que como directiva de la organización solicite ayuda.
