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La Alianza Nacional El Salvador en Paz y la Central Sindical Independiente integrada por Agentes, subinspectores, inspectores y personal administrativo protestaron este martes frente a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) por más de 500 despidos injustificados de trabajadores de dicha institución.
Los custodios denuncian haber sido cesados por ser testigos de delitos como ingreso y salida de pandilleros del penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca y otros recintos penitenciarios; la desinstalación de cámaras de seguridad y quema de libros de novedades en las cárceles.
Stanley Quinteros, Secretario General del Sindicato de Empleados y Empleadas del Órgano Judicial (SEJES), organización parte de la Alianza, expresó que los despidos son una situación grave, puesto que fueron removidos por supuestamente conocer casos de corrupción en la red penitenciaria.
“Han despedido a trabajadores de Centros Penales, porque saben que ellos conocen la información de corrupción que hay aquí; donde ellos han negociado con pandilleros, donde ellos han visto que Osiris Luna entra y sale a platicar con pandilleros, eso es el temor real y por eso han quitado a trabajadores de esta dirección”, señaló.
El líder sindical aseguró que los custodios son testigos de visitas fuera de los horarios establecidos por las autoridades que reciben reos con “privilegios”.
“Tienen miedo que hablen la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando en Centros Penales, como los privilegios, que tienen de tener visitas los reos después de las 7:00 de la noche y que ellos les ordenen que no registren en libros los ingresos de funcionarios y de las familias de los reos que están siendo privilegiados”, enfatizó.
Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), dijo que los despidos fueron arbitrarios, ya que no se siguió el debido proceso, como el derecho de audiencia y defensa. Sólo se les notificó a través de una carta sin membrete de Centros Penales. Pese a que ya se presentaron las denuncia, no han recibido respuesta, aseguró.
Reyes fue más allá en la denuncia y consideró que desde el Gobierno las entidades estarían tomando represalias contra los demandantes.
“Hay señalamientos de compañeros trabajadores que han estado en centros penales muy sensibles, en donde ellos tienen información muy importante de visitas de funcionarios muy importantes, de la salida de reos pertenecientes a pandillas, a los que han movido a hospitales para que se reúnan con otros, bajo el argumento que están enfermos, y no tienen nada”, añadió.
Los trabajadores despedidos piden la reinstalación inmediata del personal, el pago de los salarios caídos y que se les pague una indemnización por daños.
