El empresario de transporte Catalino Miranda continuará bajo detención mientras es procesado por el delito de desórdenes públicos y resistencia, según la resolución del Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.
Por desórdenes públicos se le ordenó instrucción formal con detención provisional y por resistencia solo instrucción sin medidas.
Miranda fue capturado la noche del sábado pasado; la Policía Nacional Civil (PNC) informó que se debió a alzas en cobro de tarifas en unidades de transporte 42 y 152, de la que es concesionario, y por obstrucción de la vía, ambos con sanciones administrativas; fue hasta el lunes que el director policial, Mauricio Arriaza Chicas, que señaló que la captura fue por el delito de resistencia agresiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de resistencia que es sancionado con prisión de seis meses a dos años por «oponerse mediante violencia» a la ejecución de un «acto legal» de la autoridad pública o se mostrara contra un requerimiento.
También se le imputa el delito de desórdenes públicos que según el Código Penal en el artículo 348 consiste en que «cuando dos o más personas alteren el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellos circulen […] serán sancionados con prisión de dos a cuatro años».
El fiscal del caso expuso que entre los indicios se presentó un video de vigilancia donde se observa a unidades de la ruta 152 obstruyendo la vía pública.
Debido a que no están incorporados unos videos que se encuentran en el lugar de trabajo del imputado y han sido ofrecidos por la defensa, la jueza decretó la detención para evitar la obstaculización de la investigación.
