Por: Redacción YSKL
Este viernes, el Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, junto a su equipo técnico presentaron ante la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, tres propuestas de ley que pretenden regular, según el manejo de activos, a las 605 sociedades de ahorro y crédito que existen el país y que actualmente se encuentran fuera del ámbito de regulación y supervisión por parte del BCR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El titular del BCR explicó que existe una Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro que regula solo a bancos y sociedades de dicha categoría, que a pesar que tienen 20 años de estar vigente, solamente controla a 6 bancos cooperativos y a una federación de sociedades de ahorro y crédito.
Con el objetivo de ejercer un mayor control sobre estas, Rodríguez propuso a los legisladores tres anteproyectos de ley: Ley de Bancos Cooperativos, Ley de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito.
Asimismo, propuso que las cooperativas sean incorporadas a Regulación y Supervisión del BCR y SSF, ya que “resulta importante tener un equilibrio entre una adecuada supervisión y funcionamiento eficiente de estos modelos de negocios. Trae beneficios a los sectores que solicitan créditos para mciroemprendimientos, emprendimientos o negocios”, manifestó el experto en finanzas.
En cuanto a las propuestas de ley, estas abarcarían un sector específico: depósitos y aportaciones inferiores a $10 millones de dólares; de $10 millones a $30 millones; y mayores a $30 millones. En esta última categoría entran 48 sociedades y cooperativas de ahorro y crédito que tienen activos totales por $2,039 millones, un patrimonio de $415 millones y depósitos por $1,157 millones a diciembre del 2020.
El grupo de entidades que maneja mayor cantidad de activos sería regulado a corto plazo y con los demás se hará de manera paulatina.
No obstante, para la aplicación de estas disposiciones, las autoridades del BCR consideran que es necesario realizar un proceso gradual para la incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito a la supervisión de la SSF, dado que hacerlo de manera inmediata podría provocar el cierre de muchas cooperativas, derivado de que difícilmente cumplirían con los requisitos de la nueva Ley de Bancos Cooperativos.
De acuerdo al equipo técnico del BCR, entre los beneficios para la población de incorporar las cooperativas a una regulación formal se encuentra la confianza en que sus depósitos estén seguros, una mayor competencia que permite menores tasas de interés a los clientes y mayor confianza para los usuarios.
Además, garantizará un servicio «transparente, confiable y ágil», que contribuirá al desarrollo del país; habrá una mayor divulgación de información a los usuarios y se fortalecerá el marco legal al contar con una normativa que regule y supervise a las entidades que actualmente no están bajo la SSF.
Entre los objetivos de la regulación se encuentra potenciar los derechos de los consumidores para garantizar que las cooperativas y sociedades de ahorro y crédito cumplan con lo establecido en el marco legal.
Por su parte, la diputada de la Comisión Financiera, Aronette Mencia, consideró preciso y urgente la implementación de las propuestas.
La funcionaria señaló que existe una mala práctica que algunas cooperativas realizan para no llegar a sobrepasar los $90 millones, ya que a partir de este monto reciben regulaciones más específicas y especiales.
“Hay cooperativas que se han prestado para el lavado de dinero, casos que no son proporcionales ni congruentes (…) Algunas están obligadas a reportarse no solo al BCR sino que a INSAFOCOOP y no lo están haciendo, son 3 en específico. Aunque la ley los obliga, no lo están haciendo”, puntualizó.
