Por: Redacción YSKL.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua presentó este lunes, un balance ambiental de los 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, en el que señalaron que “no tiene muchos logros que aplaudir en el tema ambiental”.
Tatiana Olivo, representante de la Alianza, resaltó que algunas de las promesas que estaban dentro del Plan Cuscatlán era, reconocer el derecho humano al agua y el saneamiento, y aunque este ya fue reconocido por las Naciones Unidas desde el 2010, los diputados no lo han visto como prioridad. Así como la creación de un modelo urbano hídricamente sostenible.
En cuanto a las proyecciones ambientales que han sido planteadas por el gobierno para los próximos años, de resultar ciertas parece que habrá un gran impacto significativo en los ecosistemas a nivel nacional esto causará la unificación de la crisis ambiental que ya reside en el país, por culpa de los proyectos mal llamados de desarrollo, como los casos de ciudad Bitcoin o el Tren del Pacífico, manifestó la ambientalista.
Por su parte, Rodolfo Calles, explicó que otro elemento a destacar en la promesa de campaña del presidente Bukele fue la creación de una Ley de Recursos Hídricos, y “en efecto si hubo una propuesta por parte del gobierno, sin embargo, consideramos que esta normativa aprobada y que entrará en vigencia a partir del 12 de julio no reúne los elementos y requisitos que la sociedad civil hemos venido planteando, no hay acceso a la participación ciudadana en esta ley”.
Los defensores del agua, señalaron que las juntas de agua son las mayormente afectadas con dicha ley, precisamente porque se les limita a que serán organismos sociales sin fines de lucro que facilitarán el darle agua a la comunidad, y se les cargarán responsabilidades de vigilar por las cuencas, pagar canon y recibos de luz.
Gabriela Solórzano, destacó que una de las promesas inconclusas es la agilización de la tramitología para las empresas. Todo lo demás sobre la gestión de cuencas, reconocimiento del derecho al agua y saneamiento y creación de urbanizaciones sustentables.
Los ambientalistas consideraron que, en materia de protección ambiental, “el Estado no ha hecho nada, no hay una política ambiental.”
“Estamos viendo que se están instrumentalizando todas las entidades del Estado para hacer la voluntad de las empresas privadas como es el caso de Valle El Ángel. Todo eso viene en detrimento de los ecosistemas. El saldo es negativo en materia ambiental en el país”, expresó Amalia López.
La mesa de sindicalistas exige al Estado las siguientes acciones:
-La aprobación urgente de una política ambiental enfocada a la sustentabilidad de los bienes naturales.
-Que el Ministerio de Medio Ambiente fiscalice y sea garante del cuido de los bienes naturales y no un simple tramitador de permisos ambientales que están acabando con los ecosistemas.
-Que cesen los permisos de construcción en zonas de recarga acuífera.
-Que se busque la negociación y firma de los tratados de aguas trasfronterizas con enfoque de cuenca compartida con Honduras y Guatemala.
-Para la implementación de proyectos, que se realicen estudios de impacto ambiental y en la salud, apegados a las necesidades ambientales que vive el país con su debida consulta pública.
-Que el Reglamento General de Recursos Hídricos retome las exigencias de las juntas comunitarias de agua con respecto a los cánones por uso del vital líquido.
-Que el gobierno se comprometa con los bienes naturales y con la población salvadoreña, que será garante del acceso al derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación.
Las organizaciones ambientalistas en voz de su representante, Rodolfo Calles, exponen que a la fecha no cuentan con información sobre los estudios del impacto ambiental de los referidos proyectos. @XioGalinaYSKL pic.twitter.com/PHJRPl0AR6
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) May 30, 2022