Por: Redacción YSKL
La Defensoría del Consumidor realizó este miércoles junto a la Policía Nacional Civil diversas inspecciones en el sector de alimentos, principalmente granos básicos y productos de la canasta básica. Esto con el objetivo de verificar que se continúe con la aplicación de las medidas de alivio ante la inflación mundial y que la población tenga precios justos y acceso a los productos de la canasta básica, señaló el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
Salazar, verificó precios y suministros de granos básicos en las principales tiendas mayoristas y transportistas que comercializan granos básicos en la calle Gerardo Barrios y sus alrededores, en el centro de San Salvador.
Al entrar al sexto mes de la implementación de las medidas ante la inflación, Salazar hizo un balance del despliegue de la Defensora del Consumidor en los últimos cinco meses, destacando más de I03 mil verificaciones para monitorear su cumplimiento, a través de la estabilidad de precios y el abastecimiento de productos en los mercados de alimentos, fertilizantes e insumos agrícolas, así como de los combustibles y gas licuado de petróleo, actualmente con precios fijados y subsidiados.
El funcionario, hizo el llamado a la población a denunciar cualquier abuso e incremento abrupto de precios, a través del teléfono 910, el WhasApp7844-1402 o la aplicación web «Ponle el dedo al especulador», disponible en www.defensoria.gob.sv.
Por otra parte, dio a conocer que la entidad investiga a 262 agentes económicos que comercializan productos lácteos, granos básicos y harinas de maíz y trigo, entre otros productos esenciales, por incremento abrupto de precios, cuyos expedientes serán remitidos al Tribunal Sancionador de la Defensoría.
Salazar dijo que el Tribunal, ya ha admitido 35 de las primeras 47 denuncias, no solo por incrementos injustificados sino por obstaculizar las labores de investigación de la Defensoría.
“La práctica abusiva de incrementar injustificadamente precios o acaparar productos esenciales, constituye una infracción muy grave a la Ley de Protección al Consumidor, sancionada con multa hasta de 500 salarios mínimos, además se pueden interponer oficios en la Fiscalía, por delitos relativos al acaparamiento, agiotaje y la propalación falsa», subrayó.
