Por: Redacción YSKL
El Colectivo Salvemos Valle El Ángel y el Foro del Agua llegaron este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para aportar pruebas a la Sala de lo Constitucional en el marco del proceso de amparo contra la emisión del Permiso Ambiental al Proyecto Ciudad Valle El Ángel, con las que se demuestran las irregularidades.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó a Dueñas Hermanos LTD, en noviembre 2020, los permisos ambientales de ubicación y construcción del megaproyecto habitacional.
Según denunciaron, el proyecto transgrede derechos humanos, pues esta cartera de Estado habría ignorado 3,000 cartas de los habitantes de la zona, que advirtieron que pondría en estrés hídrico a unas 60 mil personas, pues la residencial se construye cerca del nacimiento de agua del río Chacalapa, una zona de recarga acuífera.
Los Magistrados abrieron un proceso de presentación de pruebas de los alegatos de las partes interesadas.
No obstante, el representante del Foro del Agua, Carlos Flores, señaló que el proceso se ha «apresurado», para desvirtuar las aseveraciones y justificar la inversión de la constructora.
«Con la apertura de pruebas, significa que se tiene un equipo de abogados para atacar todas las argumentaciones de las comunidades y los magistrados ya tiene lista las argumentaciones, para retomar la postura de Dueñas», indicó.
La Ciudad Valle El Ángel, cuyo nombre comercial ahora es Valle Dulce, se construirá desde la prolongación del bulevar Constitución, en la frontera entre Nejapa y Apopa, hasta el cantón Joya Galana de Apopa, al norte de San Salvador.
Las comunidades aseguran que al construir el megaproyecto, se estaría afectando a 60 mil personas, debido a que en el lugar se encuentra el nacimiento de agua del Río Chacalapa. Dueñas Hermanos LTD. buscaría explotar ocho pozos de agua. Actualmente son propietarios de 506 manzanas de las 1,600 que compone Valle El Ángel.
El proyecto se está edificando en 3,500 lotes donde se construirán viviendas, 3,000 apartamentos en edificios de 3 niveles, área de restaurantes, comercio, hoteles, hospitales, escuelas y terminal de autobuses. La construcción, según dijeron, afectará directamente a 1,250 familias de 21 comunidades de Apopa y alrededor 10,000 familias de Nejapa.
La edificación implica menos agua en el acuífero de San Salvador por la impermeabilización de los suelos. Aunado a que se perforarán 8 pozos en el acuífero San Juan Opico para abastecer este megaproyecto.
Los colectivos aseguraron este miércoles, que la Sala resolvió a favor del recurso, pero no emitieron medidas cautelares que comprenden, la suspensión del permiso mientras continúa el proceso constitucional.
Y es que la Sala argumentó que había una “colisión” del derecho a la actividad económica y el derecho al ambiente sano, dejando de lado que el último derecho mencionado constituye como “supraindividual”, es decir, que cuenta como mayor relevancia para muchas personas, frente al económico, que se trata de un derecho individual.
«Hay una clara vulneración al derecho de defensa, y al debido proceso. Por una parte estamos alegando una vulneración del derecho al agua y ambiente sano, se ha concesionado inconstitucionalmente más de 20 millones de agua al día a la sociedad, mientras la gente de Soyapango, Nejapa y Apopa no tienen agua. También alegamos que el Ministerio de Medio Ambiente cometió una ilegalidad, porque en el 2020, otorgó autorización a la familia Dueñas para construir Valle El Ángel y pedir permiso ambiental cuando ya han hecho una inversión», denunció Dalia González, miembro del Foro del Agua.
