Por: Redacción YSKL
Un 83.7 % de los salvadoreños avalan el régimen de excepción como estrategia para la desarticulación de bandas criminales en el país, según los resultados de la encuesta de opinión ciudadana realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo).
En el informe presentado por la organización se destaca el apoyo a la medida que fue implementada en marzo de este año ante el repunte en el índice de homicidios registrados durante un fin de semana que dejó un saldo de 87 fallecidos.
Por otra parte, un 12.8 % está en «desacuerdo» o «muy en desacuerdo» (8.3 % en desacuerdo y 4.5 % muy en desacuerdo) con la medida, el 2.9 % «ni de acuerdo», «ni desacuerdo», y 0.6 % no sabe o no responde.
El mismo estudio realiza una vinculación entre la evaluación hecha al presidente de la república, Nayib Bukele, con la aprobación general del régimen de excepción.
Las personas que están muy de acuerdo con el régimen de excepción dan una nota promedio de 9.0 al Presidente; los que están de acuerdo una nota promedio de 8.3; los que no están de acuerdo ni desacuerdo una nota promedio de 7.6; los que están en desacuerdo una nota promedio de 6.1; y los que están muy en desacuerdo una nota promedio de 4.7.
En dudas o desacuerdos con otras normativas jurídicas relacionadas a seguridad
Por otro lado, el apoyo inicial al régimen de excepción se reduce sustancialmente a medidas de carácter jurídicas como las reformas al Código Procesal Penal con relación al juzgar como adultos a pandilleros que sean menores de edad y la continuidad del proceso penal mientras el imputado se encuentre en calidad de “Rebeldía”.
“Se reduce para que los menores de edad sean juzgados como adultos (66.6 % está de acuerdo o muy de acuerdo con esta medida); disminuye de manera significativa para que cualquier persona pueda ser detenida por 15 días sin presentarse ante un juzgado (39.5 % está de acuerdo o muy de acuerdo); la desaprobación es mayor para que cualquier persona sea capturada por ser sospechosa de pertenecer a un grupo ilícito, sin una orden de captura (28 % que está de acuerdo o muy de acuerdo); se reduce para que una persona pueda ser condenada sin estar presente en su juicio y sin un abogado defensor (11.6 %)11; y finalmente disminuye para la situación en que los familiares no sean informados sobre el paradero de una persona detenida (8.3 %)”, menciona el estudio.
